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Rivero articula un frente político y social en defensa de la consulta

   
Paulino Rivero se dispone a presidir una reunión con representantes políticos, ayer en Tenerife. / DA

Paulino Rivero se dispone a presidir una reunión con representantes políticos, ayer en Tenerife. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Nada nuevo bajo el sol en el patio de la sede tinerfeña de la presidencia del Gobierno canario, más allá de la orientación de los rayos del arcoíris ideológico.
A tres días del pleno monográfico convocado para debatir la comunicación sobre la posición del Ejecutivo en relación a los permisos otorgados a Repsol para que busque hidrocarburos en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, Paulino Rivero se arrimó ayer a la sombra de una significativa representación política. De los grupos presentes en la Cámara legislativa solo faltó el PP, que no fue invitado, y de los extraparlamentarios no acudieron Sí se puede ni Socialistas por Tenerife, que huyeron de la foto.

Junto al jefe del Ejecutivo autonómico se encontraban el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, y el comisionado Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos. Alrededor de la mesa se sentaron siete interlocutores: José Miguel Ruano y José Miguel Barragán, de CC; Manuel Fajardo, del PSOE; Carmelo Ramírez, de NC; Ramón Trujillo, de IU; José Manuel Corrales, de XTF, y Guillermo Guigou, de Ciudadanos por Santa Cruz. De la “unanimidad” a favor de la consulta popular -de “soberanía” la calificó Trujillo- y en contra del petróleo o el gas dieron buena cuenta tanto los portavoces congregados como Ríos. Una vez descartado el referéndum, las energías se concentran en la potencia de medio voltaje del artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana de 2010. Su activación está pendiente del Consejo Consultivo, que no emitirá su dictamen antes de la tercera semana de septiembre. Hasta entonces, y mientras continúa la tramitación, se ha abierto un concurso de ideas para la elaboración de la pregunta. Tendrá que ser diferente a esta: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”. El bipartito reconoce que es un ejercicio complicado. Se requiere mucha imaginación para no incurrir en una ilegalidad, puesto que se trata de una competencia exclusiva de la Administración General del Estado.

En posteriores declaraciones ante la prensa, el comisionado admitió que lo de Cataluña sería un inconveniente. No obstante, confía en que el Tribunal Constitucional suspenda la iniciativa impulsada por los separatistas del principado. De momento, en las Islas reina la incertidumbre. Sobre la fecha, Ramón Trujillo adjuró de los de “plazos bíblicos” en las vías judiciales y ante las instancias de la Unión Europea.

El coordinador regional de Izquierda Unida lanzó la propuesta de presionar a los accionistas de la petrolera mediante una ofensiva en los 2.000 ayuntamientos de España donde está presente la federación para boicotear a Caixabank. Sin embargo, los gobernantes se echaron las manos a los bolsillos y desestimaron participar en esa afrenta a la principal entidad financiera colaboradora con los organismos autonómicos. No cuadran los números.

Corrales aprovechó la puesta en escena para clamar por la clausura de la refinería de CEPSA en Santa Cruz. También disparó misiles contra la línea de flotación de las plataformas que amarran en el litoral chicharrero.

El secretario de Organización de Nueva Canarias la cogió con José Manuel Soria. “Es demencial el maltrato del ministro de Industria a Canarias”, enfatizó Carmelo Ramírez. A su juicio, la consulta es un elemento de regeneración democrática: “Si una de las críticas viene masticada, que se pida la palabra a la población para que emita una opinión es lo más respetuoso”.

Después de esta convocatoria, Rivero despacha hoy en Las Palmas de Gran Canaria con activistas de colectivos sociales -fundamentalmente, de carácter ecologista- y mañana hará lo propio en la capital majorera con sendas delegaciones de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la de los cabildos (Fecai). La liebre corre detrás del galgo.