Aumenta en 40.000 euros la asignación a la ciudad por su rango de capital

Paulino Rivero presidió la reunión con José Manuel Bermúdez y Juan José Cardona. / SERGIO MÉNDEZ

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

En algo más de 40.000 euros se traduce el aumento del 2% que el Gobierno de Canarias ha anunciado que le corresponde a Santa Cruz de Tenerife por su condición de cocapital del Archipiélago y que deja la aportación final de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en 2.079.000 euros. Esta cifra fue notificada ayer por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en la reunión que mantuvo con Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y con José Manuel Bermúdez, regidor en Santa Cruz de Tenerife. Una reunión en la que también se les informó de que, con toda probabilidad, verán aumentada la aportación procedente de la recaudación de impuestos en la parte referente al REF.

Sin embargo, esta buena noticia, ya que es la primera vez en el mandato que no se recorta el concepto de capitalidad, no fue suficiente para hacer desaparecer el sabor “agridulce” de la reunión, según lo describió Bermúdez. El alcalde de Santa Cruz explicó que el Gobierno de Canarias sigue sin abonar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) de las viviendas que la Comunidad Autónoma ha construido en la capital y siguen siendo de su propiedad. “Estamos hablando de unos ocho millones de euros hasta el momento”, especificó el alcalde que detalló que de esa cantidad, unos dos tercios deberían ser abonados por el Gobierno de Canarias y el resto por los propietarios reales de los inmuebles. Porque el problema para no abonar la deuda, según explicó Bermúdez, está precisamente en que la Comunidad Autónoma no ha depurado cuántas de esas viviendas son realmente suyas y cuántas han sido traspasadas a particulares en los últimos años.

Según señaló Bermúdez, la discusión se centró en reclamar por un lado toda la deuda acumulada y por otro “buscar un acuerdo para el futuro”. En este último punto, señaló el mandatario municipal, el Ayuntamiento propuso la cesión de algún inmueble propiedad del Gobierno de Canarias para compensar la deuda futura, “nosotros hemos propuesto la cesión del Palacio de Carta, un inmueble emblemático que podría albergar el futuro museo de la ciudad”, detalló el alcalde.

Como admitió Bermúdez, el compromiso que adquirió el Gobierno de Canarias fue el de trabajar en la depuración de la deuda del pasado y en elaborar una propuesta para el futuro, aunque es un compromiso, como también reconoció el alcalde de Santa Cruz, que no tiene fecha de entrega.

Bonificación
Si los alcaldes no salieron contentos con el tema del IBI (a Las Palmas se le adeudan unos 17 millones de euros), el resumen del consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, que también estuvo presente en la reunión, no fue mucho más esperanzador para el cobro de esa deuda.

El consejero hizo hincapié en que “se trata de viviendas sociales”, motivo por el que entiende el Gobierno de Canarias que ambos ayuntamientos “tienen que hacer un esfuerzo importante” a la hora de buscar una solución para la deuda. “Estamos hablando de inmuebles en los que sus ocupantes pueden pagar un alquiler que oscila entre seis y diez euros”. Según González Ortiz, una buena forma de evitar que la deuda por el IBI de esas viviendas siguiera creciendo sería la de “bonificar el recibo del IBI”.
“Las capitales también se benefician de esas viviendas sociales al ser éstas ocupadas por sus ciudadanos”, justificó el consejero de Economía y Hacienda.

Esta propuesta del consejero, que en la práctica supondría que la deuda futura de las viviendas del Gobierno de Canarias se viera considerablemente minorada, obtuvo como respuesta de Bermúdez que, “cuando la Comunidad Autónoma nos diga qué viviendas se han trasmitido a vecinos, podremos valorar si bonificamos parte del recibo, pero en todo caso esa bonificación se hará al propietario particular si así lo estimamos por ser una vivienda social”. Por su parte González Ortiz concluyó su resumen de la reunión reiterando el compromiso del Ejecutivo de depurar el listado de inmuebles que pertenecen al Gobierno de Canarias y en elaborar una propuesta para el futuro.