Los cabildos tendrán pleno poder de planificar espacios protegidos
Los presidentes de los cabildos, ayer, durante el desarrollo de una comisión del Parlamento. | FRAN PALLERO
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
Los cabildos asumirán la competencia de aprobar y modificar los planes de los espacios naturales protegidos y las calificaciones territoriales (para proyectos en suelo rústico), por lo que ya no tendrán que ser aprobados de forma definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac).
A ese acuerdo han llegado los cabildos con el Gobierno canario, que a su vez lo trasladará a los grupos parlamentarios socialista y nacionalista para que lo incorporen a las modificaciones legislativas que se tramitan en el Parlamento regional.
En cambio, no hay acuerdo en cuanto a financiación, pues los cabildos reclaman 140 millones de euros para costear competencias autonómicas que les transfirió la Comunidad Autónoma, y también hay desacuerdo sobre el reparto de la recaudación de los impuestos del Régimen Económico y Fiscal (REF) correspondiente a 2013, al cerrarse el año con 70 millones de euros más de lo previsto, frente a una previsión de 18 millones menos.
Así lo explicó ayer el presidente del Cabildo de Tenerife y a su vez de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Carlos Alonso, tras la asamblea de esta entidad celebrada con la presencia de sus homólogos de las demás corporaciones insulares. Alonso subrayó que los cabildos tienen “voluntad de acuerdo” pero piden que el entendimiento con el Gobierno canario se sustente “en datos reales y transparentes, y no en datos que no son correctos” ni estén “trucados”.
Explicó que sobre la reclamación de 140 millones de euros existe un “acercamiento a nivel técnico pero no es una aproximación suficiente, por lo que queremos lograr un acuerdo político” para resolver también la conflictividad en los tribunales de lo contencioso administrativo que esta desavenencia ha generado.
El presidente de la Fecai explicó que se trata de financiar competencias transferidas en servicios sociales (atención a menores, personas en riesgo de exclusión social, residencias geriátricas y de discapacitados…), carreteras, agricultura, promoción económica o medio ambiente. Por ello, subrayó que los cabildos demandan del Gobierno canario la necesidad de fijar criterios “razonables” y estables para el reparto de fondos del REF entre las administraciones canarias, hasta que se disponga de un nuevo sistema de financiación autonómica que permita una distribución ya definitiva.
En cuanto al acuerdo alcanzado en materia de ordenación territorial, Alonso lo justificó argumentando que los cabildos ya gestionan los espacios naturales protegidos, por transferencia del Gobierno autonómico, por lo que “lo razonable” es que el planeamiento también lo aprueben los cabildos. De hecho, apuntó, “la mayor parte de los planes están ya aprobados, y en realidad se trata de las modificaciones” que se hagan al planeamiento, siempre con el informe previo del Gobierno canario y de los ayuntamientos afectados.
El mandatario insular informó también de que otra modificación legislativa acordada será la de que las infraestructuras previstas en la planificación insular, como en el caso de los residuos, no requieran esperar a su encaje en los planes generales de los municipios para llevarse a cabo.
El tiempo corre en contra de los relojeros. Aunque el Gobierno de Canarias dará cuerda a la reforma del Estatuto “hasta el último minuto” -en expresión del vicepresidente, José Miguel Pérez-, los grupos oficialistas admitieron ayer que “las condiciones no son buenas” para que el Congreso y el Senado tramiten la iniciativa en esta legislatura. La mayoría absoluta del PP cronometra los plazos.
En la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento regional, Julio Cruz (PSOE) resaltó que el proceso va “en la buena dirección de la línea marcada”. No obstante, ligó su efectividad a la participación del Partido Popular. “Seguimos con el plan fijado para tener trabajo adelantado” cuando sea posible llevar un texto a las Cortes.
Otro de los impulsores de la modificación estatutaria inspirada por el Ejecutivo de Paulino Rivero mediante una comunicación convertida en proposición de ley, José Miguel Ruano (CC-PNC-CCN) tendió la mano a la oposición. Tras calificar de indispensable la implicación del PP, el presidente de la facción nacionalista recordó que el preámbulo de la propuesta de marras es la traslación de una enmienda que el PP introdujo en la Cámara baja durante el debate del documento que finalmente fue devuelto en 2007. Asier Antona puntualizó que las circunstancias económicas y sociales son diferentes. “Entonces existía una tasa de paro del 11% y no del 33%”, se justificó. Tampoco existe, añadió, un ambiente de diálogo como el que había en 1982 y en 1986.
Con dos sillas vacías, las reservadas a La Palma y Fuerteventura, los presidentes insulares recelaron del reajuste electoral vinculado y perseveraron tanto en la financiación como en la autonomía local.
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