Imaginación – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Resulta patética la pasividad del Gobierno español frente al desafío independentista de Cataluña. Fue patética su impotencia para impedir la celebración de la anunciada consulta soberanista alternativa de Artur Mas y los independentistas catalanes, una consulta que estaba suspendida por el Tribunal Constitucional a instancias del Ejecutivo y con el apoyo de un contundente dictamen del Consejo de Estado. Fue patética la tardía comparecencia ante los medios de Mariano Rajoy tres días después, en la que se limitó a constatar que la situación está bloqueada porque su Gobierno no puede sumarse a una operación de derribo constitucional que tenga como objetivo permitir la independencia catalana. Y fue especialmente patética la historia de la Fiscalía General del Estado y sus interminables consultas con los fiscales de Sala y los fiscales de Cataluña sobre formular o no una querella criminal contra el presidente de la Generalitat. Finalmente, el Fiscal Superior catalán la ha formulado contra Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat y su consejera de Educación por la posible comisión de los delitos de prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial, usurpación de funciones judiciales y malversación de caudales públicos. Ha quedado descartado el delito de sedición. Estos presuntos delitos conllevan, según sus circunstancias, penas diversas de privación de libertad, inhabilitación y otras.

Todo lo anterior es patético. Sin embargo, hay que reconocer que lo más patético ha sido que, dadas las dimensiones del proceso, era inviable oponerse a la consulta y eran inasumibles las consecuencias de una oposición activa. Políticamente no era presentable el espectáculo de unas fuerzas de orden público cerrando casi un millar y medio de lugares de votación, con sus correspondientes urnas, deteniendo a todos los funcionarios y responsables que habían cedido las llaves de los locales, e impidiendo que dos millones doscientos cincuenta mil ciudadanos siguieran votando. Y ni siquiera era seguro que los Mossos d’Esquadra, en donde abundan los independentistas, obedecieran órdenes semejantes. No olvidemos que en Euskadi se reveló hace unos años que el Gobierno nacionalista investigaba la ideología y los antecedentes políticos de los miembros y los aspirantes a ingresar en su policía autonómica. No solo la educación está controlada en Cataluña por los nacionalistas, y no solo la educación es una máquina de producir independentistas y enemigos de España.

En definitiva, lo que han puesto de manifiesto los acontecimientos catalanes es que el Gobierno español no está en condiciones de cumplir ni hacer cumplir la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico y las sentencias de los Tribunales. Y que frente a una marea humana no hay Derecho que valga. Porque lo ocurrido con la consulta catalana sucede también con las huelgas generales que se convocan en este país por nuestros inefables sindicatos, convertidos en grupos salvajes de presión; en las convocatorias de rodear el Congreso; en los llamados escraches e intentos de agresión a políticos; y en las demás variadas actividades antidemocráticas e ilegales a que nos solemos dedicar los españoles.

Mientras tanto, los socialistas repiten cansinamente lo de la reforma constitucional, y siguen aludiendo a un vago objetivo federalista, sin concretar nunca su contenido y sin reconocer que España es ya un Estado materialmente federal. Pero los independentistas catalanes quieren la independencia, y únicamente estarían interesados en una reforma que acelerara esa independencia. De modo que, como señaló Rajoy en su tardía comparecencia, es evidente que tal reforma es inasumible para el Gobierno y que, incluso, lo sería para los propios socialistas en la oposición. Además, para ese viaje no hace falta reforma alguna. Por otro lado, recordemos que el PSOE no existe en Cataluña; que los socialistas catalanes tienen su propio partido, que colabora activamente con Artur Mas; y que su secretario general, Miquel Iceta, ha reiterado muchas veces que cualquier solución catalana pasa por la celebración de un referéndum independentista. Ante eso, lo que diga Pedro Sánchez interesa más bien poco.

Entre los frustrados no independentistas catalanes se extiende un sentimiento de indefensión y de abandono por parte del Gobierno español, que, por ejemplo, Albert Rivera, el líder de Ciutadans, expresó ante las cámaras el domingo de la consulta. Y sería bueno que se fueran preparando para lo que se avecina. Porque el populismo nacionalista considera enemigos a todos los que no comulgan con sus ideas. Y la vida de Alicia Sánchez-Camacho, Albert Rivera y su gente en una Cataluña independiente podría llegar a ser muy incómoda.

¿Y la querella del Fiscal Superior de Cataluña? Bien, gracias. Los fiscales catalanes se oponían a que se formulara por increíbles razones de pretendidos defectos de forma en la resolución del Tribunal Constitucional. A pesar de ello, el Fiscal Superior la ha formulado ante el Tribunal Superior de Justicia catalán, que tiene la competencia para su conocimiento. Y, con sinceridad, no nos imaginamos a este Tribunal condenando a los querellados. Quizás es que nos falta imaginación.