Mercado y Estado – Por Jaime Rodríguez-Arana

El pensamiento bipolar e ideológico, cada vez más desprestigiado, ha propuesto, entre otras lindezas, que mercado y Estado, Estado y mercado, sean dos realidades independientes, sin nexos en común. Así, mientras la izquierda fue concebida por largo tiempo como la defensora del Estado, la derecha era asimilada sin más al mercado, a la conformación del mercado como la farmacopea para resolver todos los problemas sociales.

Tal forma de concebir las instituciones y categorías ha dejado paso, afortunadamente, a una visión más abierta y razonable. Los complejos y prejuicios nos conducen a formas más complementarias y compatibles. Ni el mercado es la solución única a los problemas de este tiempo ni el Estado tiene la varita mágica para por sí y ante sí arreglar todos los desaguisados que ha traído consigo la crisis en que nos encontramos. Una crisis, por cierto, motivada, tanto por la omisión del Estado de su deber de vigilancia y supervisión de las actividades económicas de interés general, como por la concepción finalista de la empresa y de los beneficios obtenidos.

Pues bien, en este ambiente, hay que aplaudir iniciativas de pensamiento compatible, vengan de donde vengan y sean patrocinadas por quien sea. El tiempo de las etiquetas y descalificaciones personales, como el de los esquemas clientelares y caciquiles, todavía bien presentes, debe dar lugar a espacios en los que las iniciativas se evalúen y se juzguen por sus reales aportaciones a la vida social, y, sobre todo, en la medida en que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas.

En este sentido, la alianza para la economía social nacida en el Reino Unido en 2013, que integra a más de cuatrocientas instituciones como emprendedores sociales, universidades, tanques de pensamiento, sindicatos u organizaciones benéficas, busca, desde los postulados del pensamiento compatible, que los partidos políticos del arco parlamentario sean permeables a los principios de la economía social.
Esta alianza surge en el Reino Unido como consecuencia de las noticias acerca del intento de ciertas empresas de minimizar el pago de impuestos mientras obtenían pingües beneficios. Por el contrario, desde esta iniciativa, se ha puesto de relieve la existencia de empresas que invierten sus excedentes en protección ambiental o en beneficio de sus clientes.

En esta línea, también conviene subrayar que otras empresas, lejanas al dogma de la maximización del beneficio en el más breve plazo de tiempo posible, invierten parte de los beneficios en mejorar sus servicios para discapacitados o personas de bajos ingresos. La idea fundamental que promueve esta alianza, como nos cuenta Juan Messeguer en un reciente servicio de Aceprensa, es que para socializar los mercados y hacerlos más ventajosos para la sociedad, hace falta más apoyo de los poderes públicos. En esta dirección, es menester hacer atractiva la inversión social con incentivos razonables de manera que sea una ventaja competitiva en el mercado. El monopolio del Estado en la provisión de servicios públicos debe terminar primando a las empresas que de verdad beneficien a la sociedad.

La alianza para la economía social reclama un sistema fiscal que incentive la creación de empresas socialmente responsables. Algo que ya contempla el actual gobierno inglés desde principios de 2014 en que estableció una desgravación fiscal del 30% para instituciones no lucrativas y empresas sociales. También se solicita mayor apoyo a los emprendedores sociales. En fin, que es posible ganar dinero y ayudar a las causas sociales de forma complementaria y compatible. Desde luego, tal aspiración requiere de compromisos y convicciones firmes. Porque lo más fácil, y sencillo, es ordeñar, ordeñar y ordeñar y, a los demás, que les parta un rayo. Tal modelo, sin embargo, sabemos dónde termina. El otro, el modelo compatible y complementario, sigue unos derroteros bien distintos y, al menos, vale la pena experimentarlo.

*CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO @jrodriguezarana