Rajoy paraliza la consulta popular

VICENTE PÉREZ - EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife – Madrid

“Tengo el honor de participar a la V.E. [Vuestra Excelencia] que se ha admitido a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas, promovida por el Gobierno de la nación…” Con este formulismo comienza el escrito remitido ayer al Gobierno canario por el Tribunal Constitucional (TC) para comunicar la admisión a trámite del recurso presentado por el Ejecutivo de Rajoy contra la consulta popular sobre las prospecciones de Repsol junto a Canarias.

Su celebración, prevista para el día 23, queda de esta manera suspendida cautelarmente, en aplicación del artículo 162.1 de la Constitución, hasta que el TC decida si levanta levanta esta paralización o no, para lo cual tiene un plazo de cinco meses, en tanto en cuanto se resuelve el fondo del asunto.

De todos modos ya el presidente del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero, había anunciado el pasado 24 de octubre que daba por paralizado temporalmente los preparativos de la consulta, y que acataría, por tanto, los efectos suspensivos del recurso, una vez que ese día el Consejo de Ministro había acordado la impugnación tras haber recibido el aval del Consejo de Estado.

No obstante, en los medios de comunicación han continuado los anuncios de la consulta del 23 N, con el lema “Nos tienen que oír”, ya que el Gobierno regional había decidido mantenerlos hasta que llegara la notificación del recurso por parte del TC.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma disponen ahora de un plazo de 20 días para aportar cuantos documentos y alegaciones considere convenientes, según reza la providencia del Constitucional.

Dos decretos impugnados. En concreto, el Gobierno estatal ha impugnado los dos decretos del Ejecutivo de Canarias que regulaban la consulta. El primero, del 25 de septiembre, que contiene el reglamento para celebrar consultas ciudadanas “en asuntos de interés general de competencia de las comunidades”; y el segundo, del 2 de octubre, que ponía fecha y contenido a la consulta, cuya pregunta es la siguiente: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”.

El Gobierno central entiende que una consulta ciudadana con pregunta directa “constituye materialmente un auténtico referéndum”, al preguntar al cuerpo electoral “a través de un verdadero procedimiento electoral”, e insiste en que la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde “exclusivamente al Estado, de acuerdo con la Constitución Española”. Además, indica en su recurso que esta regulación está recogida en la Ley de Referéndum, y en la Ley del Régimen Electoral General. Respecto a la pregunta, el Ejecutivo apunta que la competencia sobre energía en el mar territorial corresponde al Estado en virtud de las reglas 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Carta Magna.

Ríos: “La iniciativa es legal”
Pero el Gobierno canario sostiene argumentos jurídicos contrarios. En declaraciones a Europa Press, el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Relaciones Institucionales, Fernando Ríos, insistió ayer en que los decretos impugnados ante el TC son “legales y democráticos”, por lo que en su opinión, la suspensión se levantará como ocurrió con la Ley de Renovación Turística. Recordó que el Ejecutivo, y tal y como adelantó este diario, ha pedido al Constitucional “la cautelar inmediata hasta que se entre en el fondo del asunto, pues no es posible que se el Tribunal pronuncie una vez se hayan hecho las prospecciones, o lo que es peor, que no se pronuncien y mientras pueda haber algún vertido, como han denunciado distintos expertos”.

Ríos aclaró que el 23 de noviembre no va a haber una consulta organizada por el Gobierno de Canarias, aunque no descartó que pueda haber otras iniciativas de la sociedad civil, si bien ya ayer, Ben Magec-Ecologistas en Acción se dio por hecho que al menos en esa fecha no habrá consulta alternativa. “Como Gobierno no podemos celebrarla, pero la haremos cuando el Tribunal levante la suspensión. La decisión no ha variado, y hay muchas probabilidades de que los tribunales suspendan las prospecciones. Estaríamos a tiempo de que los canarios se pronuncien”, señaló Ríos, encargado de coordinar la estrategia jurídica del Ejecutivo regional contra el proyecto de Repsol.

REACCIONES

Paulino Rivero (Presidente del Gobierno de Canarias) “Es una agresión en toda regla a Canarias”
-Paulino Rivero avisó ayer de que su Gobierno “no va a bajar los brazos” en su rechazo a las prospecciones, y acusó al Ejecutivo del PP de “querer poner un esparadrapo en la boca a los canarios”. A su juicio “la consulta se frena a raíz de una decisión política”, pues el PP “quiere escudarse ahora en los tribunales para justificar su oposición” a una consulta “estrictamente democrática para entregar las aguas canarias a Repsol”. El mandatario tacha la decisión del Ejecutivo estatal de “agresión en toda regla” a Canarias, mediante “actitudes caciquiles” y “abusos” que los canarios “nunca hemos tolerado”.

Enrique Hernández Bento (Subsecretario de Industria, Energía y Turismo) “Los sondeos empezarán en unas semanas”
-El subsecretario del Ministerio afirmó ayer en Teide Radio que la decisión del TC es “consecuencia del dictamen del Consejo de Estado, según el cual la pregunta de la consulta era oscura y capciosa”. Así que ahora, “el Gobierno canario se queda sin instrumentos jurídicos, por lo que tendrá que retirar su campaña publicitaria y dejar de malgastar dinero publico”. Hernández Bento prevé que “en las próximas semanas” se inicien los sondeos, y aunque será Repsol “la que tendrá que dar la fecha”, apuntó que el barco que las hará “ha finalizado sus trabajos en Angola y se dirige ya hacia Canarias”.

Antonio Brufau (Presidente de la compañía petrolera Repsol) “Este debate ha intoxicado a la sociedad canaria”
-El presidente de Repsol consideró ayer “una auténtica barbaridad” que un país renuncie a saber si tiene hidrocarburos y reducir su factura comercial en 3.500 millones de dólares al año, y añadió que “el peor favor” a Canarias es “hablar del riesgo petrolífero”, pues a su juicio “es un problema que no existe”. Brufau también tachó de “barbaridad” decir que esta actividad pone en peligro al turismo, por lo que opinó que se trata de “un debate político que intoxica a la sociedad, y ésta no entiende muy bien de qué se trata”, informó Europa Press.

Fran Castro (Portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción) “Haremos todo lo posible para evitar sondeos”
-La federación ecologista canaria, por boca de su portavoz, achaca el freno a la consulta a “una decisión política, no jurídica”, porque el Gobierno del PP “le tiene miedo al resultado, sabe que habría un rechazo mayoritario a los sondeos”. Fran Castro afirma que el movimiento ciudadano contra las prospecciones aún no descarta hacer una consulta alternativa, pero en todo caso “no será el 23N, porque logísticamente es imposible”. Eso sí, avisó de que harán “absolutamente todo lo que se pueda para evitar que los sondeos se realicen”.