El Gobierno ve posible legalizarlo

El consejero autonómico de Medio Ambiente, Domingo Berriel. / DA

A. D. | Santa Cruz de Tenerife

Está en manos del Ayuntamiento legalizar el llamado mamotreto. El inmueble con aparcamientos soterrados levantado en la entrada de la playa de Las Teresitas cuya edificación ha derivado en una condena de cárcel para tres exediles y tres funcionarios del Ayuntamiento capitalino es legalizable, según el informe emitido por el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental, perteneciente a la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

Dicho informe, que llegó ayer al Consistorio de la capital tinerfeña, es la respuesta de los técnicos gubernamentales a una propuesta del Grupo Municipal Popular para incoar expediente de legalización de dicha obra.

Hoja de ruta

Sus conclusiones suponen en la práctica una hoja de ruta para los munícipes, ya que explican que “de procederse a solicitar una nueva autorización, el Ayuntamiento debe cotejar el futuro proyecto con el aprobado por la Administración del Estado (…) para averiguar en su caso cómo instrumentalizar el nuevo proyecto o las modificaciones que correspondan respecto del anteriormente aprobado”.

También se aclara que “los usos que plantea el Ayuntamiento de aparcamiento y locales son usos autorizables en la Servidumbre de Protección del Dominio Público marítimo-terrestre, siempre que se aporte proyecto básico, se sustancie por el procedimiento y requisitos establecidos en el Decreto 171/2006 de 21 de noviembre, y el mismo se adapte al Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife”.
De especial interés resulta el apartado cuarto, en el que los técnicos gubernamentales añaden que “sería aconsejable solicitar de la Dirección General de Costas con carácter previo a la solicitud de Autorización del deslinde probable y la ribera del mar, pues dadas las características de los terrenos existen bastantes posibilidades de que los mencionados terrenos puedan no estar afectados por las servidumbres de costas y no ser necesaria en este caso recabar autorización de este Departamento o por lo menos en los metros construidos o superficies actuales”.

Como no podía ser de otra manera, el informe reniega de hacer comentarios o “analizar las razones que llevaron a considerar a la Audiencia Provincial a que las obras ejecutadas puedan ser legalizadas a posteriori salvo las situadas en la zona de servidumbre de protección”.

Carta del alcalde

Esta propuesta del Grupo Municipal Popular fue impulsada por el concejal Manuel Fernández, aunque a este respecto es menester recordar que el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, se dirigió por escrito al consejero autonómico de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, para aclarar precisamente si el mamotreto era legalizable y cuáles eran a juicio de su departamento los pasos para lograrlo.

José Ángel Martín: “No tenemos instrumentos para hacer legal el mamotreto”

N. T. | Santa Cruz de Tenerife

La reunión mantenida ayer por el PSOE de Santa Cruz con la Plataforma por el Derribo del Mamotreto sirvió para conocer que, según expresó el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, “no tenemos ningún instrumento para legalizar el mamotreto, porque tal y como ha establecido el Supremo en numerosas sentencias, no se puede legalizar una obra ilegal a través del planeamiento”, afirmación que, matizó, “es una opinión personal porque aún los técnicos no han terminado el informe pedido por el alcalde”. Hay que recordar que el regidor municipal, José Manuel Bermúdez, dictó instrucción a Urbanismo para conocer si existe algún tipo de instrumento que permita legalizar el edificio, tal y como señala la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Bermúdez, señalaba en una entrevista con este medio que le parecería muy raro no contar con ese tipo de mecanismos teniendo en cuenta que se está redactando el Plan Especial de Las Teresitas, documento que viene a ordenar urbanísticamente la zona.

El también candidato socialista a la Alcaldía de Santa Cruz señaló, al término de la reunión con los miembros de la plataforma, que estaba “satisfecho” con el encuentro al entender que habían trasladado la postura del PSOE sobre el mamotreto de manera clara. “Lo primero que hemos hecho es un repaso de lo que es la postura del Partido Socialista, que no es otra, ni ha dejado de ser, que estar a favor del derribo del mamotreto”. “Nosotros entendemos -continuó- que el edificio conocido como mamotreto no tiene cabida en el frente de playa que defendemos los socialistas de Santa Cruz, y que la sentencia es clara y contundente en cuanto a la ilegalidad e imposibilidad de legalizar este elemento”. Para el primer teniente de alcalde, la posibilidad que da la sentencia es “excepcional” en lo referente a un cambio de planeamiento, “sabemos que es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la imposibilidad de legalizar una obra ilegal a través del planeamiento, por lo tanto los instrumentos para legalizarlos ahora mismo son inexistentes”, insistió Martín, para a continuación remarcar, quizá en lo único en lo que parece coincidir con el alcalde, que “esto no es un decisión política”. “Han hablado las esferas judiciales, posteriormente lo harán los técnicos y de nuevo las esferas judiciales cuando nos respondan sobre la ejecución de sentencia”, añadió.

Martín detalló que esa respuesta del juzgado, el número 5 de Santa Cruz que es el encargado de ejecutar el fallo, se irá produciendo “a medida que se vayan generando actos administrativos que serán enviados por los técnicos para su posterior validación”. Afirmó que se caminará de la mano con el juzgado “y esa es la posición que tiene el PSOE y que ha trasladado a la plataforma, donde les hemos recordado que nuestro objetivo ha sido, es y será, que el mamotreto no tiene cabida en el frente de playa de Las Teresitas”.

Hernández carga contra Astor y lamenta no haber podido recusarlo

El exfiscal general del Estado y abogado defensor de dos de los condenados por el llamado caso Mamotreto, Eligio Hernández, arremete en el recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, quien a su vez preside la Sala Segunda y fue el magistrado-ponente de la sentencia de dicho caso en segunda instancia. Cabe recordar que en dicha sentencia se da un serio varapalo al hoy abogado, aunque el Colegio de Abogados ha rehusado sancionar al letrado por esta causa.

En su escrito, Hernández asegura que no se ha demostrado que la Sala en cuestión se reuniera para deliberar sobre dicha sentencia, a pesar de que solicitó el dato en la aclaración que solicitó de la misma.
Según el letrado, “la resolución de dicha aclaración no se produjo a los tres días siguientes como exige el precepto citado, sino un mes después, el 22 de diciembre de 2012, en que se notificó el Auto de 18 de diciembre de 2014”. El escrito concluye que tal circunstancia ha privado a sus clientes de un juicio justo ya que no pudo recurrir así al magistrado-ponente, del que asegura que no es imparcial “por su conocida y notoria afición a hacer declaraciones a los medios de comunicación y ruedas de prensa en las que vierte críticas políticas contra el Gobierno y opina sobre sobre casos generales de repercusión mediática y política”.

En el recurso de Hernández también se denuncia, de forma genérica, que “el Ministerio Fiscal está siendo instrumentado mediáticamente por los nuevos profesionales inquisidores de los servidores públicos, invocando impunemente en los medios de comunicación el apoyo de los fiscales, prevaliéndose de que los imputados no se pueden personar en las Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal”, que a menudo derivan en juicios mediáticos paralelos.