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Maraña burocrática – Por Leopoldo Fernández

   

De nuevo un sector empresarial alerta sobre la imperiosa necesidad de acabar con la maraña administrativa que paraliza gran número de proyectos de emprendedores. El máximo dirigente de la Concap, como en el pasado los presidentes de la CEOE, de Fepeco, o de la Cámara de Comercio, ha solicitado “claridad, transparencia y sencillez” para acabar con el “galimatías legislativo” que desde hace años
-sí, sí, digo bien: años- paraliza inversiones millonarias en zonas costeras, en proyectos privados como públicos, y dilata la puesta en marcha de nuevas empresas, incumpliendo así la Directiva Bolkestein y las normas que obligan a despachar los trámites oficiales con rapidez y simplicidad. No se entiende cómo es posible que en tiempos de crisis y con tanto paro como existe, las autoridades se empeñan en obstaculizar sistemáticamente -con papeleo innecesario, informes absurdos o retrasos injustificados- todo cuanto a la postre puede suponer la creación de empleo y riqueza. Seguimos sin la imprescindible simplificación administrativa, sin una administración para cada competencia, sin una revisión profunda, con carácter unificador, de la legislación medioambiental y urbanística, sin una reducción efectiva del tamaño de las administraciones públicas, sin diligenciar los planes generales de ordenación pendientes, sin un proyecto pautado para ayudar a la recuperación económica desde las instancias oficiales.

¿De qué sirve reconocer la existencia de problemas estructurales y burocráticos si luego los dirigentes públicos pasan años y años de mandato y no ponen en marcha las soluciones más fáciles y demandadas? ¿Por qué no se acaba de una vez con la multiplicidad de normas, muchas veces contradictorias, que propician interpretaciones a la carta e inseguridad jurídica? ¿Para qué sirven esas reuniones entre Gobierno y agentes económicos si, compartiendo ideas y reformas y mostrando todos su acuerdo, todo queda luego en agua de borrajas? El mayor empeño colectivo debe ser ahora mismo la creación de empleo, con los empresarios como punta de lanza para la generación de actividad económica y con el Ejecutivo autonómico procurando facilitar su apoyo a pymes y autónomos y diseñando el mejor marco posible para la cohesión social y el sistema de bienestar en las Islas.