¡Sí hay petróleo! – Por Leopoldo Fernández

Alguien cree aún que no había petróleo en estas aguas atlánticas, cerquita de la mediana con Marruecos? Pues está muy equivocado. En la zona en que se perforó el sondeo del pozo Sandía existe “una colosal reserva de crudo”. Sí, sí, lee usted bien; no se frote los ojos, ni dude lo más mínimo. Lo que ocurre es que Repsol falta a la verdad, ha mentido, nos oculta a todos una realidad indubitable. ¿Que quién realiza esa afirmación y deja a la multinacional petrolera a los pies de los caballos? Pues nada más y nada menos que su señoría Helmut Moya Meyer, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Personalmente desconocía esta nueva faceta suya de especialista en exploraciones petroleras y -a juzgar por sus propias afirmaciones- con acceso a testimonios confidenciales o incluso secretos, que son vedados al común de los ciudadanos e incluso a los mismísimos accionistas de Repsol, a quienes la empresa ningunea y engaña de manera deliberada y torticera, con arreglo al criterio sustentado por su señoría. El magistrado Moya discrepa, mediante voto particular, del auto que firman sus otros cinco compañeros de la Sala de lo Contencioso Administrativo, quienes vuelven a desestimar un recurso del Gobierno canario en el que se solicitaba la paralización cautelar de los sondeos de Repsol.

Como es lógico, el magistrado tiene todo el derecho a emitir por escrito su criterio discrepante, dejando claros los motivos y la sentencia que él habría dictado, faltaría más. Lo que no debió hacer nunca su señoría es soltar una monserga de afirmaciones extemporáneas, indemostrables, ridículas incluso, desvirtuando así el valor jurisprudencial que podría haber aportado su voto, de haber sido redactado con rigor jurídico, es decir, bien fundado en Derecho. Y es que cuando se acude a consideraciones subjetivas, no bien sopesadas, a afirmaciones políticas improcedentes, y además se vierten a la ligera opiniones personales impropias de un juez -como acusar a Repsol de huir de Canarias y ocultar datos y al Gobierno de España de desviación de poder, entre otros desatinos-, se llega más al alegato político que a la impartición de justicia. Lástima que tras los casos Corredor y Mamotreto, otro juez desbarre y caiga públicamente en el desacierto y la extravagancia.