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El Tribunal de Cuentas investiga delitos financieros en los partidos

   

EUROPA PRESS | Madrid

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aún no ha decidido si imputará o no responsabilidades al PP, el PSOE y otros partidos por las deficiencias observadas en el informe de fiscalización de las formaciones políticas en el ejercicio 2012. Así lo precisa la institución en un comunicado en el que se refiere a una información publicada por el diario El País según la cual el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, ha expuesto en un informe la posibilidad de que haya indicios de delito en la contabilidad de varios partidos políticos de 2012.

Tal como indica la Fiscalía, se trata de un documento interno derivado del informe de fiscalización que realizó en su día el Tribunal de Cuentas y que su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ya presentó ante el Parlamento. En ese sentido, subraya que, cuando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas advierte la existencia de hechos de los que, en su opinión, se pudieran derivar responsabilidades de cualquier clase, los pone en conocimiento del departamento o unidad fiscalizadora correspondiente, con lo que se iniciaría un procedimiento interno que culmina adoptando la decisión que resulte procedente en cada caso. En el documento sobre la actividad económica de los partidos políticos en la campaña electoral de mayo de 2014, el Tribunal de Cuentas expone que el PP y el PSOE pagaron gastos electorales en la campaña de las europeas de 2014 con cargo a cuentas bancarias distintas de la utilizada para ese proceso electoral, lo que implica un incumplimiento puntual de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).   Ante un proceso electoral, la ley obliga a los partidos a abrir una cuenta bancaria específica para costear los gastos de campaña. Sin embargo, el PP abonó 28.126,76 euros a sus proveedores desde cuentas ajenas a la oficial de los comicios europeos.    Por un lado, se trata de 3.448,26 euros gastados en campaña por representantes del partido en corporaciones municipales, lo que debía computarse como gasto electoral, y otros 24.678,5 euros que el partido no declaró en su momento como gasto electoral. El órgano fiscalizador descubre pequeños pagos en efectivo por un importe global de 57.268,27 euros. El PP alega que ese dinero salió de sus cuentas electorales, pero el Tribunal de Cuentas cree que el procedimiento incumple la legislación.

En el caso del PSOE, esos pagos en efectivo sumaron 39.759,11 euros, una cantidad que también salió de sus propias cuentas electorales.