Guigou solicita al juzgado que anule la adjudicación de Emmasa a Sacyr

Guillermo Guigou es concejal de Ciudadanos de Santa Cruz. / SERGIO MÉNDEZ

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife recibía ayer un escrito presentado por el abogado Ángel Isidro Guimerá, en su nombre y en el del edil de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, en el que exige que se dé cumplimiento de manera total a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anulaba el proceso de privatización de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa). Guimerá entiende que el cumplimiento de la sentencia se ha realizado de forma parcial, por lo que pide que se anule el concurso mediante el que se adjudicó a Sacyr la mayoría accionarial de Emmasa, ya que esta decisión dimana de un acto que el propio TSJC juzgó como nulo, el de la privatización. En consecuencia con la petición, detalla el documento, se tendrá que convocar un nuevo concurso.

Según argumenta Guimerá en el escrito al que ha tenido acceso este periódico, el fallo se cumplió de manera parcial porque “lo único que se ha limitado a hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz es llevar a cabo la convocatoria de un pleno, celebrado el día 26 de julio del 2013, en el que se adoptó exactamente el mismo acuerdo que recayó en el del 22 de julio de 2005, en relación con el cambio de modo de gestión de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua”. En ese pleno se votó de nuevo la privatización del servicio del ciclo integral del agua.

Acto nulo
Sin embargo, entiende tanto el abogado de Ciudadanos como el propio concejal que el acuerdo posterior al pleno que se anuló en 2005, concretamente el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno local el 29 de diciembre de 2005, en el que adjudicó el concurso que decidía la selección del socio mayoritario de Emmasa, al grupo Sacyr, también debe ser anulado.

Apoya Guimerá su petición en que, tanto dicho acuerdo, como el concurso para decidir la selección, eran igualmente nulos, precisamente por devenir y ser consecuencia directa de un acto nulo y de imposible convalidación, “como claramente se recoge en el propio auto del TSJC”. Este es el motivo, alegan, por el que acuden de nuevo al juzgado para que se deje sin efecto alguno la citada adjudicación del concurso que decidía la selección del socio mayoritario de Emmasa, y se declare el derecho a convocar nuevo concurso, habida cuenta de la nulidad del anterior, así como del acuerdo de la Junta de Gobierno de diciembre de 2005.

El escrito se presenta como petición de ejecución definitiva aludiendo el auto que, con fecha 20 de mayo del 2013, se dictó resolviendo el Incidente de Ejecución planteado y que consistía, primero, en estimar esa petición y, en segundo lugar, en reconocer a la parte recurrente el derecho a que se ejecute la sentencia en sus propios términos en el plazo de dos meses.

Entiende Guigou que hasta el momento la Administración demandada (el Ayuntamiento) solo ha ejecutado parcialmente la sentencia de 15 de septiembre de 2009, que anulaba el acuerdo plenario impugnado de 22 de julio de 2005, y que fue dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.