La infancia olvidada

Unicef sitúa a Canarias como una de las tres comunidades que más redujo la inversión entre 2007 y 2013. | DA

SARAY ENCINOSO | Santa Cruz de Tenerife

Poca inversión y en caída. Hay muchas declaraciones para proteger a los niños, pero pocas partidas económicas para asegurar que las palabras se conviertan en hechos. Esa es la principal conclusión del informe que Unicef acaba de publicar, La infancia en los presupuestos. El estudio sitúa al Archipiélago como una de las tres comunidades que más ha reducido la inversión durante la crisis. Según datos de la ONG, Murcia, Madrid y las Islas son las tres autonomías que efectuaron más recortes entre 2007 y 2013.

El análisis, elaborado por el Centro de Estudios Económicos Tomillos (CEET) por encargo de Unicef Comité Español, cubre un vacío de información: es la primera vez que se detalla cuánto se invierte en España en políticas de infancia a partir de una estimación de los recursos destinados por la Administración Pública a las principales políticas relacionadas con la infancia. Analiza tanto el peso de esta partida en las finanzas públicas como la evolución de la inversión en los últimos años (2007-2013) con el fin de comprobar el protagonismo de los más pequeños en la asignación de los recursos públicos y el impacto que ha tenido la crisis económica.

A pesar de que Canarias ha experimentado un descenso considerable en el capital destinado a esta parte de la población (un 19% menos, según los cálculos de Unicef), en la asignación por niño se ubica a mitad de tabla si se comparan todas las autonomías. En las primeras posiciones se sitúan País Vasco, Castilla y León y Asturias. En las últimas, en cambio, están Murcia, Navarra y Madrid.

El objetivo del estudio es fomentar y alimentar un debate sobre el nivel de cumplimiento de España con las obligaciones impuestas por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) -un tratado jurídicamente vinculante que el año pasado cumplió 25 años-, pero también acerca de las grandes dificultades y limitaciones que se presentan en términos de transparencia y disponibilidad de información.

El período desgranado no es aleatorio. La ONG eligió tres momentos en el tiempo que permitieran establecer una tendencia: 2007, año previo al estallido de la crisis; 2010, cuando las dificultades económicas se habían asentado en la sociedad española; y, por último, 2013, los 12 meses más cercanos a la situación actual. Se constata que en todo el país la educación es el área de inversión que más recursos absorbe (unos 27.000 millones de euros de 2007 a 2013), con una gran diferencia sobre la salud, el bienestar social y las prestaciones sociales (ninguno supera los 8.000 millones de euros de inversión media en los tres años analizados). Sin embargo, mientras la enseñanza, la sanidad y el bienestar social aumentaron entre 2007 y 2010 para después caer en 2013 hasta situarse en niveles previos a la crisis, las prestaciones sociales aumentaron durante el primer tramo (2007-2010) para después mantenerse constantes. “Ganan peso, pues, las prestaciones económicas y lo pierde fundamentalmente la educación que se queda con más de 6 de cada 10 euros y es la que mayor recorte ha experimentado (unos 6.000 millones de euros entre 2010 y 2013)”.

La inversión en políticas de infancia que realizan las administraciones públicas españolas en su conjunto representa aproximadamente un 4% del PIB del país, casi un 8% menos en 2013 que en 2007, año en el que aún no había comenzado la crisis económica. Además, la intensidad de estas políticas, medida en términos de inversión por niño, es casi un 13% menor hoy, a pesar de los elevados niveles de necesidad existentes, que ya eran altos en 2007.

Unicef recuerda que “un presupuesto en clave de infancia, sin olvidar la universalidad como principio básico de los derechos humanos, busca reducir desigualdades priorizando los sectores de la población más excluidos y llegando a los niños y niñas más marginados”. Pone a los más vulnerables “en el centro del proceso presupuestario como una prioridad, haciendo la inversión en infancia visible a través de una detallada recopilación de información, estableciendo mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, así como un análisis de impacto en la infancia”. En definitiva, “un presupuesto en clave de derechos de la infancia permite la participación efectiva de todas las partes interesadas, incluidos los propios niños y niñas. Por lo tanto, todo el proceso debería basarse en los principios de participación, transparencia, accesibilidad y universalidad (Comité sobre los Derechos del Niño, 2007)”. Los datos demuestran que en España a la infancia le queda mucho camino por recorrer para ser el eje de los presupuestos y de las preocupaciones. El índice de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, y más la infantil, sigue siendo alarmante y alejando a muchas generaciones de la igualdad de oportunidades.