Una ley prioritaria – Por Fernando Clavijo Batlle

De entre todas las normas aprobadas por el Partido Popular amparándose en su actual mayoría absoluta, una de las más injustas es, sin duda, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que reforma de manera drástica, unilateral y arbitraria la Ley de Bases de Régimen Local y vulnera, entre otros, los principios de proximidad y descentralización, que han sido los grandes avances de nuestra democracia. Y, de todos los asuntos importantes que contiene y regula, el que más nos preocupa, y eso lo he defendido, como alcalde de La Laguna, en el Congreso de los Diputados y hasta ante el Tribunal Constitucional, y lo defiendo ahora como candidato, es la pérdida de competencias en un lugar fragmentado y de núcleos dispersos como Canarias, con las dificultades que ello conlleva, la inclusión de mecanismos de tutela e intervención y, sobre todo, la vulneración de derechos de los ciudadanos en muchos sentidos.

Nos importan, sobre todo, los servicios sociales. Si las administraciones más cercanas dejan de prestar servicios como las ayudas a ONG, ayudas de primera necesidad que permiten que los más desfavorecidos sobrevivan, ayudas a la vivienda, atención domiciliaria, escuelas infantiles, ocio formativo, obras en infraestructuras educativas… ¿quién lo hará?

El debate, por más que se quiera desviar la atención a otros asuntos es si, en la situación actual, con muchas familias aún en riesgo de exclusión social y otras tantas empezando a insertarse en la sociedad de la que, tristemente e injustamente, fueron apartadas por la crisis, es admisible que el ciudadano pierda el acceso a la administración a través de sus corporaciones más cercanas, que solo supondría un empeoramiento del servicio y una dificultad añadida a aquellos que carecen de recursos.

En Canarias contamos, en la actualidad, con leyes sectoriales que establecen la obligación de las administraciones locales (ayuntamientos y cabildos) de prestar servicios de diversa índole, sin ficha financiera en la mayoría de los casos, y sin determinar claramente cuáles de ellos corresponden a cada administración, ni a quién corresponde financiarlos creando, en la mayor parte de los casos, una tremenda confusión a la hora de garantizar esos servicios esenciales para la población. Por ello, ejerciendo nuestra responsabilidad y nuestra vocación de servicio público, daremos los pasos necesarios para suplir esas carencias con la aprobación, de manera inmediata, en el primer año de mandato, de una Ley canaria de Servicios Sociales refrendada por el Parlamento de Canarias, que establezca, sin lugar a dudas, los derechos que tiene el ciudadano en materia de Bienestar Social, la administración que tiene cada una de esas competencias y, de forma clara y sencilla, el lugar al que hay que dirigirse para tramitar las ayudas y la manera de hacerlo. En el marco de esta Ley se establecerá una cartera de derechos sociales, es decir, qué servicios se van a prestar, a qué nivel y cómo se van a financiar los mismos.

No puede seguir sucediendo lo que ocurre en la actualidad, y aquí hemos de entonar, como formación política, el mea culpa puesto que no hemos sido capaces de arbitrar un sistema sencillo y rápido, que no haga a la ciudadanía tener que seguir un peregrinaje de ventanilla en ventanilla.
Evidentemente, hay que tener la información necesaria para dar a cada ciudadano la atención y recursos que requiere, una vez estudiado su caso por los excelentes profesionales que tiene la administración. Pero eso podemos hacerlo de manera mucho más fácil y eficaz. El ciudadano que acude a su ayuntamiento a solicitar ayuda es porque ya ha agotado todas las vías para poder tener acceso a los servicios básicos. Y es del todo inaceptable que, además de con su situación personal, tenga que cargar con engorrosos trámites administrativos que quienes gobernamos deberíamos ser capaces de resolver con rapidez.

Si, para ello, las competencias y la ficha financiera deben recaer en las administraciones locales e insulares, así será. Pero lo verdaderamente importante, cuando aún nos queda camino para llegar a la recuperación, aunque ya estemos en esa senda, es una atención inmediata y eficaz, con una cartera de servicios definida para cada administración, que nos permita seguir trabajando en un modelo preventivo y adaptado a estos tiempos, que evite la exclusión para que no sea necesario intervenir y no se llegue a extremos indeseados, de los que es muy difícil retornar.
Y todo ello, en el marco de una Ley avanzada, realista, adaptada a la realidad geográfica, social y económica de Canarias y que será nuestra prioridad si en las próximas elecciones autonómicas, depositan su confianza en nosotros.

*Candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno de Canarias