Profesionales en paro podrán acoger menores por 1.500 euros al mes

Los perfiles que se buscan son los vinculados al ámbito social y educativo con experiencia en menores. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Se considera como situación de desamparo “la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. Igualmente, cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que esta asuma su guarda durante el tiempo necesario”.

En Canarias, unos 2.300 menores se encuentran en estos momentos en situación de desamparo, tutelados por la Comunidad Autónoma. La mayor parte de ellos, especialmente aquellos de entre 0 y 3 años, residen ya en familias institucionalizadas, en virtud de un pionero plan puesto en marcha por la Consejería de Políticas Sociales hace ya cuatro años. Ahora, con el banco de familias acogentes funcionando con notables resultados, el Ejecutivo regional ha dado un paso más y ha desarrollado el acogimiento profesionalizado, como ha venido publicando este periódico los últimos meses.
Así, el pasado viernes se publicó en el BOC la orden por la que se regula la compensación económica de los acogimientos familiares de menores en el Archipiélago. En dicha orden se contempla ya el referido acogimiento profesionalizado, al objeto de que profesionales cualificados en paro, con experiencia acreditada en menores, puedan acoger niños recibiendo a cambio 1.500 euros al mes (50 euros al día) como compensación para gastos y manutención.

Selección y acreditación

Según explicaron fuentes de la Consejería, la iniciativa está orientada a perfiles sanitarios, psicólogos, educadores, docentes, trabajadores sociales, funcionarios o profesionales que acrediten que han trabajado con menores. Previa selección y cualificación, los escogidos formarán parte de una bolsa de cuidadores encargados de acoger niños y adolescentes con trastornos de conducta, disfunciones en su comportamiento, víctimas de maltrato en su entorno familiar o con alguna discapacidad física o psíquica. “La intención es que el profesional que acoja en su casa a un niño o adolescente en desamparo desarrolle un plan terapéutico previamente supervisado por los técnicos de la Consejería de Políticas Sociales”, destacaron las mismas fuentes.
Tras una primera fase piloto, en la que hay varias familias implicadas, la Consejería espera sumar más profesionales en los próximos meses, ya que a medio plazo el objetivo es ir eliminando los hogares y centros de menores para sustituirlos por las llamadas familias extensas o de especial relación, aquellas que tienen algún vínculo familiar con el menor; las familias ajenas, incorporadas al banco de acogentes y que no tienen ninguna relación con el niño; y las vinculadas a este acogimiento profesional.

Incluido desde 1997 en la ley autonómica

El acogimiento profesionalizado es una modalidad que ya estaba prevista en la Ley de Atención Integral a los Menores de 1997, pero hasta ahora no se había desarrollado por motivos legales y económicos. Desde la Dirección General del Menor y la Familia dejan claro que “hay perfiles de menores que requerirán siempre un centro para ser acogidos, pero la intención es que la mayoría de los menores en desamparo del Archipiélago estén en familias de acogida”.

No en vano, esta ambiciosa apuesta está refrendada por una importante partida presupuestaria, que ha crecido en los últimos dos ejercicios, hasta llegar a los 8,2 millones de euros. Esta iniciativa del acogimiento profesionalizado, recuerdan desde la Consejería, también supondrá la “creación de empleo”, ya que la Administración pagará una remuneración mensual hasta un máximo de año y medio a quienes reúnan los requisitos y se encuentren en situación de desempleo.

“El objetivo final siempre es que estos menores se reintegren en sus familias de origen, con las que también se trabaja de forma paralela a través de un plan específico e individualizado, para que la situación entre el menor y su familia se vaya normalizando”, concluyen desde la Dirección General del Menor del Ejecutivo regional.