Debate sobre el estado de la ‘ración’ – Por Miguel L. Tejera Jordán

Yo siento en el alma pero no escribiré ni una línea sobre el reciente debate en torno al estado de la ración, que ya no es una ración, sino un pincho de calamares a la andaluza, o uno moruno, seguido de una crema catalana… De postre. Los debates, especialmente en año electoral, lo único que ponen de manifiesto es cuánto quieren nuestros políticos rebañar de la ración para su plato, dejando fuera de la bandeja al pueblo que les paga la factura después de que se hayan dado la comilona. Así es que dedicaré mis líneas de este domingo a un tema que parece que se encauza debidamente. Y ya era hora. La Comunidad de Madrid va a expulsar de España a 34 dirigentes y cabecillas de bandas latinas que han convertido la capital del país en un un campo de batalla. Son jovenzuelos hispanos superviolentos, a los que en su día se concedió la nacionalidad española, que ahora se les retira. A los 34 cabecillas seguirán pronto otros 128 violentos que se han adueñado de lugares públicos de la ciudad, especialmente del metro, para campar por sus fueros e imponer su santa voluntad a los ciudadanos, generando una inseguridad tremenda entre los madrileños y los turistas. Estos sin ley se quedan sin la nacionalidad, se les sube a un avión de regreso a sus países y se le prohíbe regresar en cinco o diez años, según los casos. Ñetas, Trinitarios, DDP, Latin King o Las Maras, tendrán que salir pitando, con viento fresco, de una tierra que les acogió en su día y de cuyos derechos y libertades se han aprovechado en beneficio propio, delinquiendo y jodiéndonos la marrana. ¡Ojo al parche! No soy ningún facha. Y no admitiré calificativos hipócritas de nadie. Estoy a favor de la inmigración, sin que me importen el color de la piel del que llega a España, su cultura, sus costumbres o su gastronomía. La inmigración es necesaria, beneficiosa y renovadora. Pero una cosa es el inmigrante respetuoso, que aporta su esfuerzo, sus impuestos y su saber ser y estar. Y otra muy distinta estos hijos de mala madre que nos quieren romper la convivencia. El inmigrante hispano, que cumple con la legalidad, es una persona correcta. Les escucho a veces en el tranvía. Son jóvenes que se dedican a la construcción, en pequeñas y medianas empresas dedicadas a la rehabilitación de viviendas. Y cuidado que manejan la lengua de Cervantes a veces mejor que nosotros mismos. Hay jóvenes de las islas que le dan más patadas a la lengua y al diccionario, que estos muchachos que han venido a mejorar su calidad de vida. Pero las bandas latinas están compuestas por verdaderos indeseables. Y a ellos hay que ponerles de patitas en la calle. He dicho que la Comunidad de Madrid les expulsa. Que no es lo mismo que decir que Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, les expulsa. Las personas no me interesan. Me interesan las instituciones y las leyes. La señora Cifuentes no es quien les expulsa. Es la ley la que se cumple. A ver si empezamos a distinguir una cosa de la otra. Y para que no quepa duda, una crítica para la delegada que se quejaba amargamente de que el mayor “alucinero” de Madrid tardara en salir de los juzgados menos tiempo que lo que dura un chocolate en la puerta de una escuela, asunto del que se quejaba el jefe superior de Policía de Madrid. Dijo doña Cristina que el policía no dijo más, porque es funcionario y no debe; pero que ella, como política, estaba en profundo desacuerdo con semejante desaguisado. Pues no se me queje, señora. Levante el teléfono, llame el presidente del Gobierno -y de su partido- don Mariano (Rajoy y cierra España, el que la ha puesto a precio de saldo) y dígale que cambie la ley penal para que los jueces no dejen salir a los golfos con tanta facilidad. En sus manos tiene la herramienta. A nosotros sólo nos queda la resignación. Y es que, soportarles a ustedes, ya resulta al ciudadano, a estas alturas de la legislatura, un auténtico calvario…