Jaque mate a la RIC – Por Javier Martínez del Moral

El progreso de una sociedad depende en gran medida de la competitividad de su economía. Existen barreras naturales que afectan a la competitividad de determinados territorios. El hecho insular es el paradigma de esas barreras.

La UE, consciente de ello, compensa la barrera natural de la insularidad con un régimen especial fiscal (REF) que permita corregir los mayores costes logísticos y de otra índole que afectan singularmente a los bienes y servicios que se producen y prestan en Canarias.

Se percibe con claridad, desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho, que el REF no es un un privilegio injustificado que beneficia a ciudadanos que se pasan la vida tumbados en la arena, como a veces piensan en Madrid, sino que constituye un mecanismo esencial del progreso económico de las islas.

Ahora bien, para que un régimen fiscal bonificado sea eficiente es preciso que se desenvuelva en un entorno cierto y seguro. Ningún inversor o emprendedor sensato arriesga su dinero -menos aún en territorios volcánicos de ultramar- si no percibe un régimen administrativo estable que proporcione predictibilidad a sus decisiones económicas.

Viene a cuento este introito porque, por un lado, el Parlamento español y la Unión Europea dotan a Canarias de un REF y, por otro, los servicios de gestión e inspección tributaria que dirige Montoro, capturan a los inversores que se acogen a tal régimen con anzuelo y carnaza. Veásmolo.

El origen se encuentra en dos sentencias del Tribunal Supremo de 2014 que resuelven que el plazo para invertir la reserva de un ejercicio fiscal es de tres y no de cuatro años, como se había entendido hasta la fecha.

Se da la circunstancia que la propia Administración de Hacienda había confirmado repetidamente y de forma vinculante que el plazo de inversión es de cuatro años. En congruencia con ello, el impreso de la declaración de la renta contiene cuatro casillas para reflejar las inversiones materializadas cada uno de esos cuatro años.

Montoro podía hacer dos cosas: Cumplir la ley, o aprovechar esa doctrina para darse un festín con los emprendedores y profesionales, enterrar definitivamente el régimen fiscal canario y disuadir a futuros inversores de echar raíces en estas paradisíacas playas, de arenas movedizas tributarias. Parece que ha optado por esta segunda vía.

Para cumplir la ley no basta con aplicar la doctrina del Tribunal Supremo a los ejercicios fiscales posteriores al de su publicación. Es necesario también que la propia Administración que garantizó de forma vinculante un determinado criterio interpretativo, sea congruente y no se contradiga. Así lo exigen el art. 9.3 de la Constitución (que garantiza la seguridad jurídica y la irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos), los efectos de las consultas fiscales vinculantes, las garantías del contribuyente, la doctrina de los actos propios y el sentido común.

Queda claro que la Administración tributaria ha creado un estado de derecho generando un criterio predictible que confiere a los contribuyentes indemnidad.

Sólo desde la más absoluta arbitrariedad puede tener explicación que se persiga, retire el beneficio, sancione o cuestione la plena regularidad tempestiva de las inversiones ejecutadas dentro de los cuatros años consignados en el impreso del Impuesto, a menos respecto de los ejercicios cerrados antes de la sentencia del Supremo.

Una conducta administrativa inmoral, que se aparta del principio de justicia tributaria, al que están sometidas constitucionalmente todas las actuaciones fiscales, y que afecta de forma directa al progreso económico de las islas, merece algo más que un severo reproche jurídico en diferentes órdenes judiciales. Exige una reacción contundente de los partidos políticos, y unificada de asociaciones empresariales y profesionales, asesores fiscales y sociedad en general, en defensa de la efectividad del mecanismo de compensación fiscal imprescindible para dotar a nuestra economía de competitividad.

En definitiva, el señor Montoro no ha dudado en propinar una patada al progreso económico canario en el trasero de sus empresarios y profesionales, olvidándose que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.

*NOTARIO