Pamparacuatro y la secretaria declaran el 7 de abril ante el TSJC
Evaristo González, empresario y abogado imputado; y, a la derecha, el juez César Romero Pamparacuatro. | DA
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
De investigador a investigado. Ese es el inesperado viraje que ha vivido el magistrado del caso Corredor, César Romero Pamparacuatro, junto a la secretaria del Juzgado Número 1 de La Laguna, María del Pilar Granda San Miguel, quienes deberán comparecer la mañana del próximo 7 de abril ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para declarar en las diligencias abiertas por la querella que les ha presentado el principal imputado, Evaristo González.
Una querella con la que este empresario de la noche lagunera y abogado ha logrado no sólo apartar de la causa al propio Pamparacuatro hasta que se resuelva este nuevo proceso, sino que también ha traído como efecto la suspensión de toda la instrucción del caso Corredor después de que la secretaria judicial haya pedido a la Audiencia Provincial que se pronuncie sobre si debe abstenerse o no.
La Sala de lo Penal del TSJC que ha admitido a trámite esta querella la componen Antonio Doreste, Carla Bellini y Margarita Varona, para quienes existen “indicios incriminatorios suficientes a los efectos de iniciar una investigación penal”. En concreto, aprecian “hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de retardo malicioso en la administración de Justicia, infidelidad en la custodia de documentos, de encubrimiento [éste afecta solo a Granda] y de falsedad en documento público”.
La trama que el juez ve en el querellante
V. P. | Santa Cruz de Tenerife
El empresario que se ha querellado contra Pamparacuatro es uno de los 44 imputados del caso Corredor, en una de cuyas 22 piezas separadas está procesado también el alcalde lagunero y candidato de CC a la presidencia del Gobierno canario, Fernando Clavijo. González, a quien se le atribuye el control de gran parte del negocio de la zona de ocio lagunera conocida como el Cuadrilátero, estuvo en prisión provisional por orden de Pamparacuatro. El juez contra el que se ha querellado le ha procesado por una presunta trama con la que logró defraudar más de cuatro millones de euros al erario público, con, en palabras del magistrado en un auto dictado en noviembre, “un amplio catálogo delictivo” que incluye acusaciones por robo con violencia, estafa, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita. Además, el juez y la Fiscalía han abierto una investigación contra él al sospechar que robó del sumario el auto de 2010 que daba cobertura a la intervención policial de su teléfono, con las miras en provocar la nulidad de las escuchas. De hecho así lo han pedido las defensas, si bien Pamparacuatro dio ya por reconstruido el sumario, resolución contra la que los imputados han apelado.
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