El suelo de Mimiland Park tiene un precinto municipal

Fotomontaje de lo que sería el Mimiland Park, en la cantera de Fulgencio Díaz. / DA

NORBERTO CHIJEB | Güímar

Los proyectos de la alcaldesa Carmen Luisa Castro para regenerar con distintas empresas los grandes hoyos dejados por las canteras de áridos en los barrancos de Güímar tienen pocos visos de hacerse realidad, a tenor del conocimiento de que estas canteras están precintadas por el propio Ayuntamiento desde la época de Tita Díaz en la Alcaldía.

Así lo hizo saber ayer el abogado Carlos Álvarez, que ha llevado el procedimiento penal por delito ecológico desde el año 2005 hasta el momento actual, en el que se está a la espera de la apertura del juicio oral que, según el citado letrado, podría suceder en torno a dentro de un año. Hay que recordar que tanto el abogado de la acusación particular como el Ministerio Fiscal piden para los cinco empresarios de las canteras calificadas como “clandestinas” una pena de hasta cinco años de cárcel y una multa de al menos 210 millones de euros, “una cantidad que siete años más tarde podría aumentar”, afirma Carlos Álvarez. Una cantidad que se calcula necesaria para regenerar los barrancos de Güímar, según estudio del Consejo Insular de Aguas.

Parque de atracciones

El proyecto más ambicioso que se pretende construir en una de esas canteras, concretamente en la de los herederos de Fulgencio Díaz, fue presentado oficialmente hace unas semanas y ya está en manos del Ayuntamiento de Güímar. El empresario Andrés Alonso, del grupo Hemi, quiere construir en unos 220.000 metros cuadrados y un hoyo que alcanza los 45 metros de profundidad un parque acuático y un hotel, con un presupuesto que alcanza los 94 millones de euros.

Sin embargo, ni el empresario ni el Ayuntamiento han recibido el visto bueno del Gobierno de Canarias para cambiar el uso del suelo a interés general como pretenden y ahora, además, se encuentran con el precinto de una cantera que, según Carlos Álvarez, no se puede levantar porque el Consistorio güimarero incurriría en responsabilidad civil y penal, mientras que si el empresario compra la cantera lo hará con las cargas a las que está sujeta, como esa millonaria multa (41 millones de euros, en este caso) por delito ecológico.