C.P.
Santa Cruz


La fragilidad del sistema energético regional, principal causa de la crisis eléctrica desatada en Canarias tras el paso hace un año de la tormenta tropical Delta, ha sido una consecuencia directa de la mala gestión en este sentido de la empresa Unelco-Endesa, los gobiernos regional y central, así como de los ayuntamientos, según se emana de las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación creada para investigar la gestión de la crisis. El documento, aprobado ayer por todos los grupos de la Cámara, admite que la tormenta "evidenció la fragilidad del sistema eléctrico en el Archipiélago", región en la que "existen unas carencias muy importantes en infraestructuras de transporte [eléctrico] y también, aunque en menor medida, en generación de electricidad". La culpa de este hecho, según concluye la comisión, corresponde "a todos los agentes implicados": la eléctrica, Madrid, Canarias e incluso las corporaciones locales son corresponsables de esta precariedad energética.

Como explican las conclusiones de la comisión parlamentaria, la red del transporte del sistema eléctrico en las Islas se encuentra actualmente saturada en muchos puntos por el retraso en la puesta en marcha de varias líneas básicas, una demora que los parlamentarios atribuyen a "dificultades en el proceso de expropiaciones", "problemas en la propia compañía Unelco-Endesa", trabas administrativas en los ayuntamientos o por la ausencia de informes o permisos que debía haber emitido el Gobierno regional. Las administraciones central y regional también han contribuido a esta situación al no haber impulsado un "desarrollo conveniente" de las infraestructuras eléctricas ejerciendo sus "funciones de planificación, desarrollo normativo y ejecución" de éstas. La mejora del sistema energético canario se muestra para la comisión como una necesidad "prioritaria y urgente" en aquellos lugares en los que la situación es crítica y que no cuentan con una red "suficientemente mallada y unas infraestructuras óptimas", elementos que habrían permitido que el suministro se restableciera más rápido.



Corrosión

El documento ratificado por la comisión considera también que la tormenta tropical puso de manifiesto la existencia de instalaciones eléctricas "cuyo mantenimiento es deficiente", un aspecto que es responsabilidad exclusiva de la compañía Unelco-Endesa. Así, el Delta permitió la detección de "una elevada corrosión" en algunas de las torres de alta tensión emplazadas en Tenerife:la línea de 66 kilovoltios entre las centrales de Las Caletillas y Granadillla presentaba varios apoyos "con un alto grado de corrosión y una pérdida de carga de rotura que llegaba al 48 por ciento", lo que reducía su resistencia casi hasta la mitad. En esta línea, la comisión de investigación recuerda que la compañía eléctrica "no atendió a las observaciones hechas por la empresa certificadora Elcana en su última revisión a la citada línea en abril de 2005", informe en el que se aconsejaba inspeccionar de forma exhaustiva 63 torretas sólo en ese tramo. Pese a todo, la caída de los apoyos ubicados en esta zona no provocó los cortes de luz en el área metropolitana ni en el sureste, aunque el Gobierno regional decidió sancionar económicamente a Endesa por la pérdida de estas infraestructuras. Por el contrario, las líneas que sí provocaron los apagones no presentaban síntomas de deterioro. Sin embargo, no terminan ahí las críticas de la comisión de investigación a la eléctrica: a su juicio, Unelco mantuvo "una inadecuada política de información durante la crisis energética", hasta el punto de que la acusan de haber "proporcionado datos confusos y erróneos", así como de "ofrecer previsiones de restablecimiento del servicio que no se cumplieron".



Respaldo al Gobierno

El documento elaborado por la comisión también quiso hacer un balance "positivo" de la actuación del Ejecutivo regional en las horas previas a la llegada de la tormenta, sobre todo si se tiene en cuenta que las predicciones del Instituto Nacional de Meteorología (INM) "no ayudaban a determinar ese peligro", ofreciendo "previsiones similares a las de otros fenómenos meteorológicos adversos sufridos en Canarias antes del Delta". "La información suministrada nunca hizo prever la intensidad real de la tormenta", recoge el informe. Sin embargo, los parlamentarios consideran que, ante esta situación, el Gobierno canario mantuvo "una actitud prudente" al contrastar de forma exhaustiva los partes del INMcon la información que venía ofreciendo el Centro de Huracanes de Miami, algo que resultó clave para la posterior activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca).

La puesta en funcionamiento de ese dispositivo tras la tormenta ha sido calificada por la comisión de "positiva y efectiva entre todos los organismos e instituciones". A juicio de los diputados de todos los grupos parlamentarios, los recursos disponibles se gestionaron con gran rapidez pese a lo adverso de las condiciones meteorológicas, dando "una respuesta decidida que se materializó en las diferentes actuaciones llevadas a cabo en hospitales, búsqueda de combustibles, establecimiento de energía eléctrica en pozos y desaladoras, limpieza y desbloqueo de vías, así como actuaciones en puertos y aeropuertos".

Sin embargo, tras la experiencia del Delta, la comisión considera necesaria una modificación del Plateca para lograr mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de fenómenos, algo que partiría de la creación de siete centros de dirección insulares y no de uno regional, como sucede en la actualidad. Asimismo, abogan por que todos los ayuntamientos aprueben ya sus planes de emergencia, por que el Cecoes adquiera la capacidad de atender más llamadas en situaciones no habituales y por el traslado de las oficinas de este organismo a un emplazamiento que garantice su operatividad.

La comisión de investigación también recomienda que el nuevo Plan Energético de Canarias potencie la diversificación energética; insta al cierre de los anillos insulares para atender la falta de suministro en cualquier punto de una isla en situaciones de caída del suministro; reclama a Unelco que lleve a cabo una política informativa clara, constante y fluida, no sólo en casos de crisis; reclama a las administraciones públicas que promuevan la entrada de nuevos agentes eléctricos de cara a favorecer la competencia en el sector; y llama a la inmediata ejecución de las obras eléctricas pendientes, entre otros aspectos.