V. P.
SANTA CRUZ



El abogado Pedro Fernández, Arcila, portavoz de Alternativa Sí Se Puede por Tenerife en la capital tinerfeña, afirmó ayer que las alegaciones de la Gerencia de Urbanismo al deslinde público marítimo terrestre de Las Teresitas "se detiene más en construir un relato de excusas para intentar justificar el comportamiento del alcalde y otros ediles en la compraventa del frente de playa, que en analizar el propio deslinde propuesto por la Dirección General de Costas, que hubiera sido lo correcto".

Arcila, experto en derecho urbanístico, considera "casi patético comprobar cómo ahora el Ayuntamiento dirige las culpas de aquella operación a Costas y al Registrador de la Propiedad", organismos a los que el Consistorio reprocha que no le advirtiera de que algunas de las parcelas por las que desembolsó 55 millones de euros estuvieran en dominio público.

A juicio de este abogado (que ha ganado contenciosos como el del plan parcial de El Varadero, en El Rosario, logrando anular una urbanización ilegal de 300.000 metros cuadrados en suelo protegido) "este comportamiento de la Gerencia de Urbanismo santacrucera no debe extrañar, pues las dificultades que desde el punto de vista judicial atraviesan importantes figuras del equipo municipal de gobierno obligan a que los informes traten más de exculpar actuaciones del alcalde y otros ediles que de lograr incorporar terrenos al dominio público terrestre, conforme a la Ley de Costas, que hubiera sido el interés de cualquier institución pública".

Abundando en esta línea, el portavoz de Alternativa Sí Se Puede sostiene que "la dicotomía a la que se enfrenta el Ayuntamiento es que, con un alcalde en su actual situación judicial [imputado en el caso Las Teresitas], la adquisición por Costas de mayores terrenos de dominio público iría en detrimento de la situación personal de Miguel Zerolo".

Arcila, quien también es abogado del grupo ecologista ATAN, recuerda que la Ley de Costas impide realizar obras como las del edificio de aparcamientos y locales comerciales construido por el Ayuntamiento en Las Teresitas, mientras se tramita un nuevo deslinde público. El expediente del deslinde se inició en 2001 cuando el Ayuntamiento pidió a Costas que lo incoara, un mes después de comprar el frente de playa a Inversiones Las Teresitas SL.