Tiene bemoles que socialistas y populares no se pongan de acuerdo en nada y se alíen precisamente en el Senado para vetar las salas de fumadores". Quien hace este comentario no es un ciudadano de a pie, sino un parlamentario fumador que, por disciplina de partido, ha votado a favor de la futura ley de prevención del tabaquismo y que, con toda seguridad, lo hará nuevamente cuando el texto reformado en la Cámara Alta vuelva al Congreso para su aprobación definitiva, antesala de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y de su entrada en vigor, el próximo primero de enero.

Conozco a ministros y ministras, a parlamentarios y líderes de todos los colores políticos que fuman como carreteros y que de buena gana le cantarían las cuarenta a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, por haber llevado las cosas tan lejos en su campaña antitabaco.

Vaya por delante que no soy fumadora activa. No lo he sido nunca. Como fumadora pasiva, me molesta el humo y ese horrible olor que lo impregna todo, pero ni milito en el antitabaquismo radical ni considero que la mejor manera de combatir una práctica fomentada y alentada durante años, sea llevar la prohibición a sus extremos máximos. Entre otras cosas porque, al igual que ocurre con otras sustancias, no hay que descartar que en un plazo relativamente corto de tiempo el fumar adquiera para actuales y futuros adictos el encanto añadido de lo prohibido.

Algo que, en mi opinión, deberían tener en cuenta los legisladores, no vaya a ser que a la larga, con tantas restricciones, consigan el efecto contrario al que se persigue.

Nadie pone en duda que el consumo excesivo de tabaco produce grandes estragos, o que el tabaquismo causa y agrava un largo catálogo de enfermedades; pero dejar de fumar debería ser una decisión individual y, en todo caso, si se quiere obligar a los fumadores a renunciar a su dependencia de la nicotina, sería conveniente ir paso a paso. Incluso por el bien de la propia convivencia. Vetar las salas de fumadores en los lugares de trabajo contribuirá a despejar de humo los recintos, pero no los efectos colaterales.

Por otra parte, si muchos son los argumentos a favor de la financiación pública de los tratamientos contra el tabaquismo, no son menos las razones que se pueden esgrimir en contra de la misma. Llegados a este extremo, cabe preguntarse si, dado que hay otras drogas hasta ahora legales que provocan igualmente daños, a veces irreversibles, en la salud, como es el caso de consumo excesivo de bebidas alcohólicas, también asumirá el Estado la financiación de los tratamientos de desintoxicación. ¿Y en los casos de anorexia o de bulimia que tantos estragos ocasionan en las sociedades desarrolladas como la nuestra, sobre todo entre los jóvenes?

Tengo para mí que el proyecto de ley de prevención del tabaquismo, ya en la recta final de su tramitación parlamentaria, es excesivo en las prohibiciones y un punto paternalista, lo que a buen seguro, tarde o temprano, provocará efectos contraproducentes.