Inés Rojas: “La clase política no ha estado a la altura y debe ponerse a disposición de la gente”

Inés Rojas de León, consejera de Políticas Sociales, Vivienda, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias. / FRAN PALLERO

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Desde hace seis años capitanea una de las consejerías que más ha sufrido el azote de la crisis, lo que la ha situado en el epicentro de las críticas de la oposición, colectivos sociales y profesionales. Sin embargo, Inés Rojas sigue defendiendo su gestión y asegura que Canarias saldrá reforzada de la recesión. La empresa no será fácil y requerirá importantes cambios estructurales, algunos de los cuales detalla en esta entrevista.

-La semana pasada se aprobó en el Parlamento una estrategia contra la pobreza, que lleva meses generando una agria controversia. ¿Cuáles son sus líneas básicas?

“Desde abril estamos trabajando con el Consejo General de Servicios Sociales, a raíz de unas resoluciones aprobadas por el Parlamento que derivan del Debate sobre el estado de la Nacionalidad. Esta estrategia tiene cinco pilares. El primero es la reactivación económica, que incluye una serie de medidas. Después está el Plan de Empleo Social. También está la vivienda y las prestaciones sociales básicas, que son prioritarias. Vamos a mantener las prestaciones que concedemos a los ayuntamientos y daremos prioridad, a través de las ONG, a las casas de acogida y comedores sociales y modificaremos la Prestación Canaria de Inserción, porque hemos visto que las leyes que teníamos ya no responden a las necesidades de la población, como ocurre en el caso de la vivienda y la propia Prestación Canaria de Inserción, donde vamos a incorporar a más colectivos vulnerables. Por último, está la atención a la infancia, que incluye medidas como la apertura de los colegios para dar clases de idiomas y abrir los comedores escolares. Es una estrategia transversal en la que participan todos los departamentos del Gobierno”.

-Y teniendo en cuenta los problemas presupuestarios, ¿se va a poder dotar esta iniciativa?

“Precisamente esta estrategia se lleva a cabo porque estamos en medio de una crisis brutal. Hasta ahora habíamos reorientado las políticas, algo que ya no basta. Por eso, hay que modificar leyes y elaborar normas. El Consejo General de Servicios Sociales, en el que participan muchos actores, está trabajando para ver, en primer lugar, qué es lo que se necesita hacer. Y luego se buscarán los recursos para llevar a cabo esas acciones. Pero no al revés, como habíamos hecho hasta ahora, donde lo único que hacíamos era distribuir dinero sin saber bien a dónde se dirigía. Una vez que tenemos perfilada esta estrategia, en la que también participa la Consejería de Economía y Hacienda, veremos qué acciones podemos cubrir con lo que tenemos y cuáles tenemos que implementar y dotar con un dinero extra, no sólo para este año, sino de cara al 2014”.

-¿Y no cree que esta estrategia llega un poco tarde?

“No. Llega en el momento adecuado. Hasta ahora, sobre todo desde el 2008, el Gobierno había modificado sus políticas y eliminó algunos programas. Hemos paliado la situación con medidas, algo que ahora ya no basta. En estos momentos tenemos que modificar normas y leyes que son incongruentes con la sociedad actual. Por eso, hemos puesto en marcha un Plan de Empleo Social, dotado con 30 millones de euros, que va a facilitar empleo al menos a una persona de un hogar donde todos sus miembros están en paro. Y esta estrategia no sólo nos va a permitir modificar leyes y normas, sino que va a suponer una protocolarización de los recursos que tenemos ahora”.

-Entiendo, pues, que el objetivo es aunar esfuerzos entre administraciones y llegar al máximo número de personas posible…

“Sin duda. Queremos que los ayuntamientos y cabildos pongan en la misma mesa los recursos de que disponen, para poder llegar a las 26.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso económico en estos momentos”.

-Uno de esos decretos que se va a modificar es el de los desahucios, como ha ocurrido en Andalucía…

“Andalucía ha sido la chispa que ha encendido la llama. Pero nosotros lo que pretendemos es poner en valor las viviendas en el mercado libre. Hace dos años tomamos la decisión de no construir más viviendas porque había muchas en el mercado, y queríamos conciliar todas esas viviendas con las familias necesitadas. El decreto de Andalucía nos ayudó a encontrar la forma factible de hacerlo, vía ley. Por eso, vamos a modificar la Ley Canaria de Vivienda, que desde 2003 ha regulado, básicamente, la vivienda social. En estos momentos, hay que regular sobre la vivienda libre, para adaptarla a la realidad que tenemos”.

FOTO: FRAN PALLERO

-¿Qué va a permitir ese cambio?

“Dos cosas fundamentales. Por un lado, que las familias que están en proceso de desahucio no sean desalojadas de la vivienda, porque se puede proponer el desahucio del uso, con un alquiler social por tres años. Por otro lado, pretendemos que todas esas viviendas que están en manos bancarias o de grandes promotoras, puedan ponerse a disposición de las familias en alquiler social a un precio adaptado a la realidad socioeconómica del lugar donde se encuentra esa vivienda. Para eso, vamos a hacer un registro de esas viviendas que están en el mercado, lo que va a regular la situación y va a bajar mucho el precio de los alquileres, que se tendrán que adaptar a los ingresos que tienen los ciudadanos ahora”.

-Esta semana ha cerrado un centro para discapacitados en El Hierro por la falta de ayudas, un problema que se viene repitiendo desde hace años, especialmente en la isla de Tenerife, donde ha habido muchos problemas para sellar el convenio de dependencia con el Cabildo. ¿Por qué no se ha logrado aún un marco estable de financiación y de pago?

“Sí hay un marco estable. Hasta ahora era el Plan Sociosanitario de Canarias, que fue sustituido por la Ley de Dependencia, que nosotros continuamos aplicando de manera conveniada con los cabildos. En 2012, debido a la aprobación tardía de los Presupuestos del Estado, esos convenios no se pudieron firmar hasta noviembre. Pero entonces nos propusimos que este año no ocurriría. De hecho, el Estado y el Gobierno de Canarias tenían aprobados sus Presupuestos en el primer trimestre, lo que hizo que en abril se firmaran los convenios en todas las islas menos en Tenerife. Pero no se trata de una cuestión económica ni de recursos, porque los 117 millones de euros que se destinan están incluidos en los Presupuestos. Era un problema de gestión de ese dinero, de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones, que ya están zanjadas. En cuanto al centro de El Hierro, el problema deriva de la justificación de los recursos por parte de la entidad que gestiona el centro. Pero es probable que reabra, porque ha salvado una documentación que debía entregar. Las entidades deben saber que los recursos están garantizados, porque están presupuestados. En otras comunidades se están cerrado centros de discapacitados y mayores, pero aquí no habrá problemas”.

-Aun así, la Ley de Dependencia sigue generando incógnitas. ¿Cree que se vislumbra el final de la ley?

“No sé si a corto plazo veremos el final, pero sí estoy segura de que el sistema que teníamos articulado en Canarias era mucho mejor y más garantista que la actual Ley de Dependencia. Y creo que las comunidades autónomas nos vamos a quedar solas prestando estos servicios, a pesar de que la ley obliga al Estado a aportar el 50%. También tengo que decir que en estos momentos, cuando hay una larga lista de personas valoradas que están pendientes de recibir la prestación, no se va poder pagar a los cuidadores, porque el Estado ha puesto unas condiciones que hacen inviable que una persona pueda cumplir esos requisitos. Además, sólo se ha presupuestado el dinero para las personas que había en el sistema hasta el 31 de diciembre, por lo que incorporar a nuevos dependientes es imposible. Y, por si esto fuera poco, ya han anunciado que en 2014 se reducirán unos 1.000 millones el presupuesto para dependencia, por lo que las comunidades tendrán que hacer frente a la situación en solitario”.

-Da la sensación de que es un modelo de prestación que tiende a la privatización, ¿no?

“Sin ninguna duda. Es un modelo que tiende a la privatización de servicios básicos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Nosotros entendemos que es importante la colaboración público-privada, pero hay muchas personas que sólo pueden acceder a lo público, y si no les podemos ofrecer esa posibilidad, podemos tener una descohesión social importante en Canarias, porque el nivel de pobreza puede llegar a ser insostenible. Es algo impensable y no me cabe en la cabeza”.

-Se habla de pactos por la educación, por la sanidad, etcétera, pero no de un pacto social. ¿Por qué?

“Porque tenemos que cambiar el chip. Estamos en una crisis brutal desde 2008. Hemos paliado la situación, y hemos cubierto todas las necesidades sin publicitarlas. Trabajamos directamente con los ayuntamientos, allí donde detectamos un problema. Por el camino hemos ido reorientando cosas, pero hemos visto que esta situación no tiene visos de mejorar, por lo que nos hemos visto obligados a modificar leyes. Pero es verdad que la clase política, entre la que me incluyo, sigue embarcada en los mismos libros de antes. Por eso han tenido tanto auge los movimientos ciudadanos, porque la política no ha estado a la altura. No vio venir que esto no iba a ser coyuntural. No fuimos tomando medidas, y todavía seguimos embarcados en lo mismo, sin llegar a pactos reales. Tenemos que darnos cuentas de dónde estamos realmente, porque en estos momentos la gente necesita cubrir sus necesidades esenciales, y la clase política debe ponerse a disposición de la gente. Hay que dejar todo al margen, para que la gente vea que la política es la única solución posible, o al menos la que yo conozco”.