La iglesia que unió ahora divide

Plano del proyecto previsto: en plantas inferiores, locales comerciales y aparcamientos; y, en sobre rasante, la nueva iglesia y su casa parroquial. | DA

V. P. | Guía de Isora

El derribo, ya consumado, de la ermita centenaria de Alcalá para construir una nueva sobre locales comerciales y aparcamientos ha abierto un debate en este barrio costero de Guía de Isora. Esta noche, la Asociación de Vecinos Coluca ha convocado a la población de este núcleo urbano a una asamblea, que se celebrará a las 20.00 horas en el centro cultural, para abordar este asunto y consensuar una postura ante el promotor de esta obra, el Obispado de Tenerife.

El vicepresidente de esta asociación, Carlos Matías, reiteró ayer el malestar vecinal por que se tirara el templo sin respetarse el aplazamiento de la demolición que se había acordado el pasado sábado con el párroco, hasta examinar si era posible alguna alternativa que permitiera conservar en todo o en parte el inmueble, que databa de principios del siglo XX.

“Al arquitecto autor del proyecto le plenteamos cambiar el diseño de la entrada de la nueva iglesia, para que tuviera la misma fachada que la antigua; esa era la opción que quedaba a última hora si no había acuerdo para evitar el derribo”, afirmó ayer el dirigente vecinal.

Y es que para el grupo de ciudadanos disconforme con la demolición, el antiguo templo (que llevaba seis años cerrado por el mal estado del techo) reunía al menos un valor sentimental, porque fue la iglesia en torno a la cual se formó el barrio.

La realidad es que los gruesos muros de piedra, cal y barro que el lunes el Obispado echó abajo no tenían protección legal alguna, a pesar de tratarse de una ermita que ya reflejan las fotos de los primeros años del siglo XX, como la que acompaña estas líneas. No figuraba, por tanto, en el catálogo municipal de bienes históricos o artísticos, ni estaba declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ni tampoco había ningún expediente abierto para declararlo como tal.

Antigua fotografía de la Ermita de Alcalá. | DA

Ante el revuelo armado, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, aceptó ayer reunirse con representantes del grupo de ciudadanos contrario al proyecto, aunque ni la asociación de vecinos ni el Obispado confirmaron anoche si finalmente este encuentro se había producido.

Las suspicacias de los contrarios al derribo parten de que, en una reunión con el arquitecto redactor del proyecto, éste les dijo que las paredes no eran el problema, sino el techo, que podía desplomarse en cualquier momento, y que su restauración tenía un coste elevado. Pero el Obispado había justificado hasta ahora el derribo no sólo por el estado de la cubierta, sino por el de los muros.

Los restos de la ermita de Alcalá, tras la demolición llevada a cabo por el Obispado. | DA

La forma en que se ha llevado a cabo además la demolición, sin que hubiera un amplio conocimiento en el vecindario sobre el proyecto previsto y el mismo día en que se supone que debía celebrarse una reunión entre el párroco y los vecinos críticos con esta obra, no ha hecho sino avivar esas suspicacias, y no faltan ciudadanos que han visto intereses especulativos, dado que bajo el inmueble se construirán aparcamientos y locales comerciales.

Sin embargo, el Obispado ya se ha apresurado a desmentirlo, y ha justificado este uso comercial de la parcela con la necesidad de buscar financiación para hacer la obra, vendiendo o alquilando los locales comerciales y las plazas de aparcamiento.

Extrañeza ha provocado también en Coluca el hecho de que el ecónomo de la Diócesis Nivariense, Víctor Oliva, haya manifestado a esta diario que el Obispado no tenía conocimiento de que la asociación de vecinos había presentado hace unos años a la comisión pro parroquia un esbozo de un proyecto alternativo que pasaba por mantener la ermita, ampliarla con una nueva nave, con un coste de 500.000 euros que el Ayuntamiento se había comprometido a asumir.

Un consistorio cuyo gobierno prefirió ayer no participar en esta polémica, dado que no tiene competencias en este asunto, y de que se limitó a dar la licencia de obras para la demolición, que le había solicitado el Obispado.

La institución eclesiástica alega que procedió al derribo ya que, al primer informe técnico de hace seis años que justificó el cierre del templo, se unió otro de este año que advertía de la amenaza de que el techo se desplomara sobre la vía pública.