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Dos despedidas por el ERE de UGT demandan a la confederal

   

CAROLINA FUENTES | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Dos trabajadoras despedidas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de UGT-Canarias presentaron el viernes 8 de este mes, en el Servicio de Mediación y Arbitraje (Semac) de Santa Cruz de Tenerife, una demanda contra la organización confederal -y también la regional- de la mencionada central sindical. Se trata del primer paso de una ofensiva en diferentes ámbitos jurídicos cuyos detalles se reservan las afectadas por consejo de sus abogados.

El acto de conciliación está señalado para el 25 de julio, un trámite previo a la intervención del Juzgado de lo Social.

Miriam Pérez Mendoza y Mariangélica Sánchez Pavelic causaron baja el 17 de junio como consecuencia de la ejecución del ERE extintivo aplicado a 14 trabajadores de UGT-Canarias. Pero ellas no se dan por vencidas. “Seguiremos luchando para demostrar la ilegalidad de este ERE en su forma y en su fondo”, han declarado a este periódico. Asimismo, insisten en deplorar las “irregularidades de las acciones emprendidas por la ejecutiva regional en éste y más asuntos”.

En los últimos días se han reunido con varios representantes políticos del Archipiélago -como el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior-, a quienes han transmitido su versión de unos hechos que califican de “extremadamente graves”. La primera impresión que sacaron es que “existe preocupación por lo que está pasando en UGT”, comentó Miriam Pérez al término de una de esas citas.“Queremos dejar claro que la UGT no es ese remanso de paz que Gustavo Santana [el secretario general en Canarias] pretende hacer creer”, aseveró. “No vamos a parar. Estamos bien asesoradas y arropadas por sectores políticos y sociales”.

En una entrevista publicada recientemente, Santana confirmaba que las nóminas fueron satisfechas con dinero de la Comisión Ejecutiva Confederal. Además, se mostraba convencido de que las cuentas estarían “equilibradas” a finales de año. “Aunque en una asamblea garantizó que, en adelante, los trabajadores iban a cobrar sin ninguna complicación y que reinaría un ambiente de normalidad, el secretario de Cohesión Social, José Ángel Ramírez, desdijo tales afirmaciones al argumentar que el ERE temporal abonará el 75% del salario”. Así lo puso de manifiesto Mariangélica Sánchez. “No tenemos constancia de que el sindicato haya registrado semejante medida”, matizó.

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Para cambiar el “modelo estructural”

El 13 de junio, la dirección de UGT-Canarias recibió un “informe positivo” de la autoridad laboral sobre el ERE. Esa notificación llegaba después de que la directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Sinesia Medida, dictara una resolución por la que suspendía el proceso al faltar el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo. Curiosamente, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) difundió el día 10 de ese mes el cese a “petición propia” de Medina y de otros seis altos cargos del Ejecutivo de Paulino Rivero.

En mayo, José Ángel Ramírez planteó a la Dirección General de Trabajo la extinción de catorce contratos laborales de una plantilla de 68 empleados. Desde un primer momento, Gustavo Santana enmarcó el ERE en un plan para cambiar el “modelo estructural” de la UGT en Canarias. Faltaban las firmas de los tres delegados de los trabajadores de Tenerife, por mandato expreso de la asamblea. Precisamente, una -Rosa Pérez Labajos- testimonió “presiones” en medio de la “opacidad” del proceso.

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