Crisis financiera, económica, fiscal y de empleo

Por estos días, hace ahora cuatro años, la economía de los Estados Unidos de América dejó ver al mundo una parte de sus miserias: la subida de los tipos de interés que se había producido poco antes, precipitó la morosidad de los que habían adquirido hipotecas sin respaldo suficiente de rentas ni patrimonio, las que se denominaron las hipotecas basura o subprime.

Los problemas de la deuda que ahora vivimos, especialmente llamativos en las últimas semanas, entre otras razones derivados de las bajas perspectivas de crecimiento de la economía de los Estados Unidos de América y de una buena parte de los países de la zona euro, han puesto de manifiesto algo obvio pero que no siempre está en la mente de las personas, sean políticos o no: los problemas que padecen las economías de EE.UU. y Europa son de tal gravedad que merecen efectivamente la calificación de crisis.

En multitud de ocasiones durante estos cuatro años hemos razonado que cuando calificamos una fase de la economía como de crisis, estamos valorando un nivel de gravedad extrema. Hemos observado, sin embargo, que las personas esperan recuperaciones milagrosas sin darse cuenta de la realidad. Los hechos de las últimas semanas pueden ser instructivos. Sirva este artículo, espero que así sea, para que nos demos cuenta de dónde estamos y cuál es la gravedad del momento.

Es normal que la deuda de los países concentre la atención de los medios de comunicación en los últimos días, pero es nuestra obligación evitar en lo posible que la espectacularidad de algunos hechos oculten la gravedad de la crisis en su conjunto.

Es nuestra obligación evitar en lo posible que la espectacularidad de algunos hechos oculten la gravedad de la crisis en su conjunto

El problema de la deuda de Grecia, Irlanda, Portugal, en una escala, y en otra, de España, Italia y Bélgica, es al tiempo, el problema de Alemania y Francia. Una explicación sintética, incluso a riesgo de cometer simplificaciones excesivas, puede intentarse sin grandes problemas. Esto es, los especuladores (la calificación no tiene en este caso carácter peyorativo puesto que estos mercados están creados con tal fin) huyen de la deuda de economías con dos características: expectativas de un bajo crecimiento económico futuro y mala reputación en la gestión de las finanzas públicas. Al tiempo, prefieren valores de países considerados seguros, llámense bonos alemanes u oro. No es casualidad que el señor Bill Gross, gestor del poderoso fondo de inversión Pimco (una de las manos que mecen los mercados, junto a Blacrock, Calsper, los fondos soberanos de Abu Dhabi, Noruega, Arabia Saudí, China, Kuwait, Singapur, Rusia y Catar, y los fondos de alto riesgo como Man Group, Brigewater), recordara hace bien poco que España ha suspendido pagos trece veces en los últimos doscientos años, como bien puede documentarse también en el recomendable libro de Rogoff y Reinhart, This time is different.

En consecuencia, en la zona euro las cotizaciones de la deuda de los países bajo sospecha caen y los tipos de interés se incrementan; mientras, las cotizaciones de los bonos de Alemania suben y las tipos de interés bajan. Esta diferencia puede ser extrema, de hecho se está creando durante los últimos meses una nueva burbuja en relación con la deuda alemana.

Los efectos sobre las economías de bajo crecimiento son evidentes: los servicios de la deuda serán cada vez más altos en la medida en que los países se endeuden y los tipos de interés sean altos, lo que exige presupuestar gastos al alza para atender a las obligaciones futuras.

En un contexto como el actual de moderado crecimiento de los ingresos del sector público, cuando no de reducción, esto implica mayor déficit y reasignaciones desde otros programas de gasto. Optar por mayor déficit reproduce el proceso de endeudamiento, acelerándolo además. Por esto, los países de la Unión Europea han llegado a compromisos de reducción del déficit, así que de hecho sólo queda la segunda opción, esto es, la austeridad y la reasignación del gasto. Pero esto no lo es todo, los asuntos son más complicados.

En un contexto como el actual de moderado crecimiento de los ingresos del sector público (…) implica mayor déficit y reasignaciones desde otros programas de gasto

Se supone, y es aquí en donde comienzan los problemas de interpretación de los procesos, que un menor déficit es garantía para los prestamistas de que los países tendrán posibilidades de hacer frente a los vencimientos futuros de la deuda. En consecuencia, continuando con las suposiciones, las exigencias para adquirir nueva deuda, o para renegociar la existente, se relajarían cortando el proceso de exigencia de los especuladores, su tendencia a vender deuda y comprar los activos de los países de mayor reputación. Sin embargo, a pesar de los compromisos de los países respecto del déficit y de las llamadas reformas estructurales de sus economías, el proceso no sólo no ha cesado sino que se ha incrementado durante la primera mitad d el mes de agosto. Así pues, los especuladores siguen prefiriendo la deuda alemana y de EE.UU. y continúan abandonado la deuda de los países involucrados en problemas de crecimiento.

El diferencial no ha parado de incrementarse hasta que el Banco Central Europeo, en un discutido cambio de rumbo, que más adelante comentaremos, ha empezado a comprar deuda de España e Italia, haciendo crecer las cotizaciones y, por consiguiente, bajando los tipos de interés. La acción es por el momento efectiva, no sólo por la caída de la rentabilidad de la deuda española e italiana, sino también por el incremento de la rentabilidad de la deuda de Alemania. No sabemos durante cuanto tiempo. la intervención BCE en el mercado secundario ha supuesto la compra de bonos de Italia y España por valor de veintidós mil millones de euros, fundamentándose en el acuerdo de 21 de julio pasado que establece mecanismos de estabilización en orden a flexibilizar el EFSF y el ESM.

La contrapartida a esa intervención en el mercado ha sido el compromiso de los Estados sobre la adopción urgente de programas de austeridad. De ahí que el gobierno italiano haya presentado en el Parlamento un programa de reducción del gasto público de cuarenta y cinco mil millones de euros en dieciocho meses, e incrementos de los ingresos por la vía de una mayor presión fiscal sobre las rentas altas (más de cara a la galería que de forma efectiva, todo hay que decirlo). De forma similar, se esperan nuevas medidas de ahorro en España para los próximos meses y quizás incrementos de los impuestos.

Es importante señalar las variables que resultan decisivas. Los problemas de deuda de España no se derivan de que tal deuda sea muy alta respecto al PIB. La deuda de España estará en el entorno del 64% al 66% del PIB a finales de año. Por tanto, es comparativamente baja respecto a países que cerraban 2010 con porcentajes considerablemente superiores, como Italia (119%), Francia (81,7%), Alemania (83,23%), Reino Unido (79,98%) y no digamos de la de EE.UU.(91,99%) y Japón (223,11%).

Los problemas de una economía como la española se derivan pues de la debilidad del crecimiento previsto en el futuro y de la reputación de nuestras finanzas

Podemos pensar que es la confianza en el crecimiento futuro de la economía lo que determina el comportamiento de los especuladores respecto a la deuda soberana. Ciertamente, una breve ojeada a las tasas de crecimiento del PIB (tomando los datos del segundo trimestre del 2011, según Eurostat) nos dice que los países comprometidos están registrando tasas anuales de crecimiento muy bajas, por ejemplo, Italia (0,8%), España (0,7%), Portugal (-0,9%), no se dispone de información para Grecia e Irlanda pero no hace ninguna falta. Los países teóricamente solventes en este último cuatrimestre tienen tasas de crecimiento del PIB muy bajas respecto al primer trimestre del año, por ejemplo, Alemania (0,1%), Reino Unido (0,2%), Francia (0,0%), EE.UU. (0,3%) y Japón (-0,3%). Pero los malos resultados de este segundo cuatrimestre parecen quedar en segundo plano respecto de las tasas de crecimiento anuales. Veremos si los resultados últimos frustran o no la recuperación de estas economías aparentemente mejor colocadas.

Los problemas de una economía como la española se derivan pues de la debilidad del crecimiento previsto en el futuro y de la reputación de nuestras finanzas (a ojos, claro está, de los especuladores).
Así que el problema de momento es de liquidez, no de solvencia; es de reputación y de crecimiento, al menos con los últimos datos en la mano. Esto lo refleja el comportamiento del mercado de deuda.
El que el problema es de liquidez y no de solvencia lo demuestra el hecho de que el Tesoro español ha estado emitiendo deuda durante este año, y gran parte del pasado, con lo que ha acumulado en el Banco de España liquidez suficiente para, si fuera necesario, emitir durante meses menos de los habitual, como ha hecho suspendiendo la anunciada emisión fijada para el 18 de agosto. De hecho, el Tesoro acaba de colocar letras a 12 y 18 meses (el 16 de agosto) por más de cinco mil doscientos millones de euros, teniendo solicitudes de más del doble. No parece entonces que ésta sea una fuente de problemas que exijan en el extremo una petición de ayuda externa por la vía del FMI y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, ni mucho menos.

Como también se ha comentado (ver, por ejemplo, el artículo de Juan Carlos Díez, ¿Cuál es la línea roja?, El País, 3 de agosto, 2011), los bancos españoles tienen papel suficiente para descontar en el Banco Central Europeo, con lo que podrán hacer frente a los vencimientos de este año y el próximo. Así que tampoco estamos ante un problema eminente por este lado.

Como se ha dicho más arriba, si España como país puede hacer frente a los compromisos externos y la banca también, los lectores pueden preguntarse dónde están los peligros. Los peligros están en dos frentes: uno, la baja perspectiva de crecimiento del PIB para los próximos años; dos, la reacción de los prestamistas que ven la oportunidad de obtener alta rentabilidad. De hecho, no ha faltado dinero en las sucesivas subastas del Tesoro en los últimos años, eso sí, exigiendo una rentabilidad cada vez mayor.

La reputación de las economías es el otro elemento esencial del proceso. Tiene difícil explicación la baja rentabilidad simultánea de la deuda de EE.UU. y Alemania, cuando presentan diseños de política económica opuestos: mientras Alemania ejerce la ortodoxia en la política fiscal y presiona al BCE para mantener incrementos de los tipos de interés de referencia (dos incrementos en este año por miedo a un proceso de inflación inexistente), EE.UU. pulsa al alza la deuda y no duda en incrementar la liquidez del sistema. Esto es, los especuladores siguen queriendo comprar deuda de estos países aunque sus políticas sean opuestas. Dicho de otra forma, confían, sea como sea, en estas economías.

Aclarado este extremo, las personas suelen preguntar si existe una línea que anuncia la situación de impago de un país. No es fácil precisar cuál es el diferencial y el resto de condiciones de mercado que anunciarían el impago. Convencionalmente se utilizan dos indicadores: los cuatrocientos cincuenta puntos de diferencial con respecto al bono alemán a diez años y el siete por ciento de rentabilidad. Pero las condiciones económicas de los países pueden hacer cambiar considerablemente estos dos criterios.

España e Italia en las últimas semanas se habían acercado a estos umbrales, por tanto, desde esta óptica, la preocupación existente en la Unión Europea tenía fundamento, más por la tendencia que por la realidad sustancial de las economías.

Un impago de cualquiera de las dos economías tendría una extraordinaria repercusión en el conjunto de la economía mundial. Sin embargo, ha bastado que el BCE comience a comprar deuda española e italiana para que los diferenciales retornen, al menos a corto plazo, hacia posiciones más acordes con los diferenciales de las economías reales, aunque tampoco estrictamente. Se diga lo que se diga, no tiene por qué ser así, nada garantiza que los diferenciales de cotización de la deuda en el mercado especulativo reflejen las complejas diferencias de las economías reales.

Cuestión diferente es la volatilidad de los mercados de renta variable. Buena parte de los actores han abandonado la escena, bien por vacaciones, bien por desconfianza en los resultados futuros de las empresas, tras la evidencia de un bajo nivel de crecimiento económico este año y pobres perspectivas del próximo, tanto en EE.UU. como en Europa (Morgan Stanley tiene previsto que los países desarrollados crezcan el 1,5% en 2011 y 2012, lo que supone una rebaja radical respecto a la previsión anterior de casi un punto). Quedan, entre otros, los que apuestan a la baja (posiciones cortas) y han provocado el desconcierto con operaciones relativas a los intermediarios financieros. Algunos de estos intermediarios son tan relevantes como la Société Générale cuyas acciones han recibido un duro castigo en las últimas semanas.

Así que se ha reconocido por fin, después de muchos meses, que la existencia de posiciones cortas (apostar por ventas ahora para comprar a la baja después) han generado “volatilidad extrema” y la propagación paralela de rumores interesados que afectan a los intermediarios financieros, como indica el comunicado de la Comisión Nacional de Valores. Estas posiciones cortas estaban afectando a España (los especuladores poseen el 2,85% del capital de la banca media española), Francia, Italia y Bélgica. Tales rumores, que comprometen la estabilidad del mercado de valores, según ha informado la Autoridad Europea de Valores Financieros (ESNA), ha impulsado la prohibición cautelar con efecto inmediato de tales posiciones cortas por un plazo, en principio, de quince día. El efecto positivo ha sido inmediato. Sin embargo, se ha afirmado que esta medida tiene un efecto relativo debido a las operaciones en los paraísos fiscales.

En el fondo, se reconoce que la diversidad de instrumentos financieros existentes, que permiten multiplicar la inversión, son de tal envergadura que la conocida tendencia al desequilibrio es hoy más que nunca un hecho cierto, tal y como afirmó en su día Hyman Minskin.

De nuevo, una intervención del regulador, en este caso de la CNV amparada por la coordinación con otros países, ha frenado en seco la rápida caída que se estaba produciendo en todas las bolsas.

En estas circunstancias, se plantea el debate sobre la gobernanza de la zona euro. Lo que está ocurriendo ha puesto de manifiesto algo que estaba ya en el corazón del proyecto de la moneda única y en el diseño de las instituciones: es un proyecto en construcción, que deja notables áreas de la política económica sometida a peligros para unos, que son en cambio ventajas para otros. Un proyecto que se define en función del poder, porque hay que recordar que la economía puede ser análisis económico en la pizarra, pero es en todo lugar economía política, tal y como nos enseñaron los clásicos.
La situación no es fácil porque existen diferencias profundas en el conjunto de los países. Hay dos consideraciones a tener en cuenta: los efectos sobre la inflación y sobre la responsabilidad compartida entre países deudores y prestamistas.

Las repercusiones sobre la inflación de la intervención del Banco Central Europeo en las últimas semanas preocupa a buena parte de la ortodoxia económica. El relato puede resumirse de la forma siguiente: la compra de deuda de Italia y España, los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal, la política de facilidades cuantitativas (Quantitative easing), generan un crecimiento de la oferta monetaria que conduce, según esta opinión, sin remedio, al crecimiento generalizado de los precios. El crecimiento sostenido de los precios determina de hecho una transferencia de renta desde los países saneados a los deudores y, además, lastra las ventajas competitivas de los países exportadores.

Para Alemania, la estabilidad de precios ha sido el principal objetivo desde los años de hiperinflación que condujo a los conflictos sociales y llevaron a Hitler al poder. El Bundesbank tuvo, desde la segunda guerra mundial, como objetivo único la estabilidad de precios y este objetivo se trasladó al Banco Central Europeo. Si bien es verdad que el artículo 105 del Tratado señala que el objetivo primordial del BCE es la estabilidad de precios y, por tanto, no es el único objetivo.

De ahí que se plantee un debate formal bien interesante: ¿la intervención del BCE comprando deuda de España e Italia supera sus competencias de política monetaria (conducente a que la tasa de inflación no exceda del 2%) extralimitando sus competencias al ámbito de la política fiscal? o bien ¿El BCE puede tomar esta decisión si persigue la estabilidad del sistema financiero, función ésta que es también una de sus responsabilidades estatutaria, si bien no es la primordial?

La versión ortodoxa, hegemónica en Alemania, contesta a la primera pregunta con un “sí” rotundo y a la segunda con un “no” de la misma contundencia. La ortodoxia no quiere oír hablar de otros objetivos de la política monetaria que no sea la estabilidad de precios, porque si así fuera, teóricamente el crecimiento económico requeriría que la política monetaria favoreciera la inflación. De hecho, Rogoff, el conocido especialista en el estudio de las crisis financieras, ha propuesto elevar el objetivo de inflación hasta el entorno del 4 al 6% anual, que si bien no es una tasa de inflación exagerada, es el doble del actual umbral del 2%.

La segunda objeción, en relación con las responsabilidades compartidas de países deudores y especuladores, tiene diferentes vertientes. La primera tiene que ver, una vez más, con la reputación de los países deudores. La opinión ortodoxa es que la intervención del BCE puede resolver el problema del diferencial, pero se sospecha que entonces los países deudores continuarían sin tomar decisiones sobre las políticas de austeridad y la reducción del déficit. Esto implica que los problemas reaparecerían después de un tiempo, mientras, la población alemana seguiría transfiriendo renta a los países deudores vía los efectos de la inflación, esto es, caída de los salarios reales e impuestos.

Además, los prestamistas eluden hasta cierto punto su responsabilidad. Más de la mitad de la deuda española está en manos de no residentes (56,27% en junio). La mayor parte de la deuda está en manos de prestamistas franceses (27%) a los que sigue en un orden menor de importancia Benelux y Alemania, dentro de la zona euro. La opinión ortodoxa mantiene que los prestamistas deben aceptar su responsabilidad directa llegando a pactar las quitas en los casos de rescate. En lugar de una transferencia de renta vía inflación, se proclama la asunción directa de responsabilidades. La vía iniciada por el BCE actualmente transfiere al conjunto de la población de los países como Alemania, Francia y los del Benelux, los costes de la intervención en los países rescatados o cuya deuda se está comprando, mientras que la vía de la “solución pactada” residencia al menos una parte del coste en los prestamistas y deudores. El BCE prefiere transferir a los contribuyentes el coste total de la deuda soberana antes que acudir a la responsabilidad de los prestamistas privados por miedo a las reacciones que pueden producirse en los seguros de impagos crediticios (CDS) y las repercusiones sobre la calificación otorgada por las agencias de rating. No obstante, en el acuerdo del 21 de julio se tiene previsto una aportación privada del sector financiero al rescate de Grecia de ciento seis mil millones de euros en el período 2011-2019.

Así que la vía ortodoxa, en síntesis, supone que los prestamistas y deudores hagan frente a sus responsabilidades: los primeros, aportando a la solución las quitas y las pérdidas de valor de la deuda; los segundos, contrayendo sus gastos e incrementando los impuestos, hasta situarse por debajo del 3% de déficit en relación con el PIB. Mientras, el BCE debería vigilar la estabilidad de precios subiendo los tipos de interés cuando proceda y eliminando progresivamente las facilidades de los programas extraordinarios de acceso al dinero, como hasta ahora ha hecho o tiene previsto.

Por supuesto, ni Alemania ni Francia, piensan por el momento dar su visto bueno a los eurobonos. No están dispuestos a compartir fortuna con países de déficit mayores y peor reputación, puesto que la rentabilidad de la deuda subiría respecto del bono alemán actual. Así que es poco probable que prospere esta vía, al menos a corto plazo.

¿Cuál es el problema entonces? La solución ortodoxa tiene costes sociales inmensos y puede, además, ser inútil. Una economía en la que las familias y las empresas tienen difícil acceso al crédito, con altas tasas de paro y medidas de reducción del gasto público, además, con tasas de inflación altas, no tiene incentivos suficientes para recuperar la actividad económica ni el empleo. El panorama es desolador: menos estado del bienestar y paro. Si además matizamos el desempleo recordando que los grandes perjudicados son los jóvenes y que lo serán por mucho tiempo, el asunto puede ser dramático. Es el caso de la economía española, en la que sólo está funcionando relativamente bien el turismo y las exportaciones, la restricción de la demanda interna condena a un bajo crecimiento económico y altas tasas de desempleo.

Y sin crecimiento económico no se pueden pagar las deudas, aunque reduzcamos el gasto público más allá de lo tolerable socialmente. Así que probablemente, esta vía además de aumentar la desigualdad de renta y riqueza de la sociedad, es inútil desde la perspectiva de los prestamistas y de la consolidación del proyecto europeo. De esta forma, sumamos a los costes sociales la inutilidad de la estrategia.

El debate teórico continúa tanto en EE.UU. como en Europa y tiene profundas raíces. Frente a la ortodoxia, la versión neokeynesiana y poskeynesiana coinciden en que la raíz del problema se encuentra en la hegemonía del mercado financiero sobre la economía real. Hay diferentes niveles de razonamiento. Revisemos algunos partiendo de los generales para llegar a los aplicados.

En primer término, el capitalismo (como nos dejó dicho J. Galbraith, llamemos a las organizaciones por su nombre) se justifica por ser el sistema que asigna los recursos económicos, esto es, el capital y el trabajo, de la forma más eficiente, sin que esto quiera decir que es perfecto. En este sistema, los mercados financieros tienen la misión de colaborar en tal asignación eficiente y cuando, por su tendencia al desequilibrio, dejan de cumplir con su misión, deben ser regulado adecuadamente, de la misma forma que ocurre con otros mercados. No se trata tanto de ausencia de regulación como de regulación inadecuada.

En el capitalismo de hoy, los mercados financieros han conseguido un grado de hegemonía basado en la no regulación en algunos casos y en otros en la capacidad para alimentar constantemente procesos especulativos despegados de la economía real, de tal forma que no cumplen la misión para la que fueron creados, más aún, generan crisis y enormes problemas, provocando altos niveles de desempleo. Si el fundamento de la economía de mercado es que la búsqueda del interés individual consigue, a través de la organización del mercado, el bienestar general, en este caso, tal búsqueda está consiguiendo justo lo contrario.

En un orden inferior de generalidad se discute sobre la prioridad de los objetivos de la política económica. En determinados países del mundo los bancos centrales tienen como objetivo estatutario la estabilidad de precios, en otros tal objetivo es uno más entre el crecimiento económico o el pleno empleo.

En el primer grupo de países, la política monetaria debe ser restrictiva cuando aparecen peligros de inflación, sin atender a cualquier otro objetivo. Los bancos centrales son independientes de los gobiernos y deben perseguir la estabilidad de precios con la política monetaria. Los otros países pueden tomar decisiones distintas, por ejemplo, dando prioridad al objetivo del pleno empleo cuando la tasa de desempleo es indeseablemente alta. Los bancos centrales no eligen, las responsabilidades se fijan a través de las normas que regulan su actuación independiente. Como ya se ha dicho, el objetivo prioritario del BCE está fijado en el Tratado UE y es la estabilidad de precios. Hay una diferencia importante respecto a la Reserva Federal de EE.UU. cuyo estatuto abre la posibilidad de atender a otros objetivos de política económica.

Se ha recordado últimamente las desgraciadas consecuencias de una consolidación fiscal precipitada que se produjo en EE.UU en 1937, cuando la ortodoxia convenció al Presidente Roosevelt de que los estímulos que habían sacado a la economía de la Gran Depresión de 1929 debían ser cortados rápidamente, de nuevo, por temor a la inflación. Así se hizo en el presupuesto de ese año, produciéndose una recaída en el crecimiento negativo de la economía americana. El recordatorio es pertinente en las actuales circunstancias. Sorprende oír a determinados dirigentes exigir la “consolidación fiscal, ya”, cuando sus economías tienen un porcentaje de deuda superior a la española y sabemos que las consecuencias pueden ser tremendas para el crecimiento económico y la tasa de desempleo. En realidad, están caminando hacia una nueva versión de la denominada “Recesión Roosevelt”.

En general, el objetivo primordial de la estabilidad de precios puede implicar limitaciones a la recuperación económica. Desde esta perspectiva, en situaciones como las actuales, los déficit presupuestarios de las administraciones públicas, el gasto público, las disponibilidades líquidas del sistema, deben ser orientados de tal forma que no se propague en el futuro la inflación. Mirado desde la perspectiva de crecimiento económico, sin embargo, tales políticas condicionan el gasto público y privado al establecer restricciones, retrasando e impidiendo la recuperación del empleo. La elección es que se cambia estabilidad de precios por más desempleo.

Una parte de la academia rechaza la prioridad de la estabilidad de precios en todo momento. En estos meses hemos podido leer y oír a numerosos economistas que señalan la conveniencia de apostar por el objetivo del crecimiento económico y el empleo, al estilo de las políticas que permitieron a EE.UU recuperarse de la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, tal estrategia parece estar fuera de agenda en estos momentos. De esta forma, los estímulos a la recuperación económica están fuertemente comprometidos. A los gobiernos de los países con problemas, incluido EE.UU., y de las regiones no les queda más alternativa que la de la austeridad porque no tienen poder, ni instrumentos, ni competencias, para plantear con éxito un vuelco de la prioridad de objetivos.

Desde la perspectiva de los intereses de la sociedad, se puede estar junto a la parte de la academia que pone por delante la necesidad y conveniencia del crecimiento y el empleo, es mi caso, pero la realidad de la distribución vertical del poder de decisión es otra cosa. La academia, los gobiernos de las regiones y hasta los gobiernos de los países, no tienen ni competencias, ni poder para elegir estrategias de política económica de ese nivel.

Preparémonos, por tanto, y ahora hablo del sector público en Canarias, para una larga etapa de austeridad y aprovechemos para desarrollar algunas políticas y reformas que alivien los efectos más graves que pueden producirse sobre el bienestar de la población. Lo que estoy proponiendo es la elaboración de una estrategia defensiva dentro de un marco de austeridad, porque no hay otra posibilidad de elección. Seleccionemos bien cuál es el núcleo duro de los bienes preferentes a mejorar y, a partir de ahí, tomemos las decisiones sobre qué estamos dispuestos a aportar cada uno, seamos consecuentes.

En los próximos años, no se trata del antiguo debate entre los que dicen que es necesario gastar más y los que dicen que lo conveniente es ser más eficientes. En sanidad y educación, por ejemplo, dos de los bienes preferentes por excelencia, tendremos que gastar más, aunque sea poco más, y ser más eficientes, no bastará con una sola de las opciones si queremos preparar esta economía para un futuro menos vulnerable.

En este orden de cosas, parece evidente que debemos incrementar los ingresos a partir de la recaudación de impuestos a través de cuatro vías: a) una subida del tipo general en dos momentos (julio de 2012 y enero de 2013) del IGIC; b) los incrementos derivados del crecimiento del PIB que se producirán en 2012 y siguientes; c) la reducción del fraude; d) el efecto de la inflación; y e) la revisión de la imposición directa pensando en su capacidad de recaudación y en la legitimación del sistema fiscal en conjunto.

Esta revisión debe hacerse de forma coordinada con la administración local para poder garantizar que la presión fiscal es previsible y controlada en cada momento.

Los ajustes del gasto más evidentes vienen por el lado de las retribuciones del personal al servicio de la administración y por la versatilidad y movilidad de las plantillas. Un importante consenso al respecto sería necesario.

No he pretendido en estos últimos párrafos, sería un intento que excede de cualquier pretensión razonable, hacer un esquema de la política económica autonómica, sólo he tratado de exponer algunos elementos necesarios, pero que son desagradables e impopulares, de una política económica responsable. Se trata de preservar lo fundamental cuando las decisiones que vienen en contra de los objetivos que elegiríamos sin restricciones se encuentran fuera de nuestro ámbito de decisión.

Para terminar, me gustaría recordar algunos principios de actuación que son útiles para orientarse en este mundo tan complejo y que Jaques Delors decía en una entrevista de esta misma semana. Señalaba que el éxito de Europa, podríamos decir que también de España y de Canarias, depende de la combinación de principios: la competencia que estimula, la cooperación que refuerza y la solidaridad que une.

*Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna