El PP lleva al Parlamento una ley para controlar el gasto autonómico

Imagen de archivo de la celebración de un pleno en el Parlamento canario, de la actual legislatura. / DA

Yazmina Rozas | Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular (PP) ha llevado al Parlamento de Canarias una ley de control de gasto de la Comunidad Autónoma. La oposición se adelanta así al Gobierno regional en la presentación de un reglamento conforme con la reciente reforma de la Constitución.

El texto presentado por los populares recoge que, excepcionalmente, la administración autonómica podrá presentar un déficit adicional por inversiones productivas, que no podrá superar el 0,25% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

El objetivo de la proposición de ley es establecer un marco normativo que permita garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de las finanzas públicas de la comunidad, de acuerdo con la situación económica internacional y conforme con la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución española, según argumenta el PP en la exposición de motivos.

Los cambios introducidos en la Carta Magna buscan garantizar la estabilidad presupuestaria con el objetivo de no superar los márgenes establecidos por la Unión Europea y fortalecer así la confianza en la economía española.

En dicha reforma no se introducen cifras sobre el techo de déficit máximo, que se establecerán más tarde mediante una ley orgánica que, tanto el PP como el PSOE, se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio del próximo año.

Dicha ley establecerá un recorte progresivo del déficit para llegar al 0,4% del PIB en 2020, cuando el techo del Estado no podrá pasar del 0,26% y el de las comunidades, el 0,14%. Las entidades locales, por su parte, tendrán que presentar un equilibrio presupuestario.

Siete capítulos

Ante este papel que tienen que jugar las comunidades autónomas en el proceso de consolidación, los populares canarios se adelantan al Gobierno regional con la presentación de este propuesta legislativa. El texto se estructura en siete capítulos y consta de 21 artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria y tres disposiciones finales.

El capítulo II recoge los principios que regirán la actividad financiera de la comunidad. El artículo 5 habla del principio de plurianualidad, que implicará la elaboración de escenarios presupuestarios plurianuales, que permitan tener una visión a medio plazo de la posible evolución de las finanzas autonómicas para garantizar en cada ejercicio la estabilidad presupuestaria.

El tercer capítulo concreta la materialización de la estabilidad presupuestaria. El artículo 10 recoge que, excepcionalmente, la Comunidad Autónoma podrá presentar déficit adicional cuando éste se destine a financiar incrementos de inversión en programas de dedicados a atender actuaciones productivas, incluidos la investigación, el desarrollo y la innovación. En todo caso, el déficit resultante no podrá superar, en cómputo total anual, el 0,25% del PIB regional.

Dichos programas deberán acreditar la capacidad de generar rendimientos futuros, su contribución a la mejora de la productividad de la economía y garantizar un nivel de endeudamiento que se ajuste al principio de sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas.

Límite

La oposición argumenta que el instrumento fundamental para incorporar disciplina presupuestaria, y evitar que los ingresos extraordinarios se incorporen al gasto interno de funcionamiento de las administraciones, o gasto corriente, es el establecimiento de un límite en los presupuestos.

El artículo 12 señala que será el Consejo de Gobierno el que acordará dicho techo del gasto no financiero, que se remitirá al Parlamento canario para su aprobación y cuya evolución se vinculará al ciclo económico.

La proposición de ley indica además, en su artículo 18, que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria presente superávit respecto del objetivo fijado inicialmente, los recursos generados se dedicarán a reducir el déficit del ejercicio o el endeudamiento de Canarias.
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Galicia, la primera en establecer un límite

El Parlamento gallego ya aprobó el pasado junio, con el apoyo del PP y del PSOE, una ley de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera para limitar el techo de gasto y reducir la deuda autonómica cuando crezca por encima del 2,5%. Desde la oposición reprocharon al Gobierno gallego la incidencia cero que tendrá esta ley en lo que queda de legislatura y que no estipulaba “mecanismos de control” para el recurso a la fórmula público-privada.

La primera aplicación de esta ley se ha visto en los presupuestos de la comunidad para 2012, tras aprobar el Consello de la Xunta este mismo mes un límite de gasto para el próximo año de 9.172 millones de euros, recogió Efe. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez, destacó “el rigor y la responsabilidad” de Galicia con las cuentas públicas, así como el adelanto al conjunto de administraciones públicas de establecer un techo de gasto e, incluso, dijo, a la reforma de la Constitución. La ecuación para elaborar el techo de gasto se compone de la suma de los ingresos no financieros, el déficit -previsto en el 1,3%- y los ajustes de contabilidad nacional, lo que fija la cantidad final en 9.172 millones de euros

El entonces vicepresidente del Gobierno central, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya aconsejó, en marzo de este año, que serían las propias comunidades autónomas las que acuerden una legislación para controlar el techo de gasto. Algo que, según dijo, “sería bueno para la economía, respetuoso con la Constitución y con la autonomía financiera de las comunidades”.[/apunte]