El Tribunal Supremo se reúne para resolver las recusaciones de Garzón contra seis de los siete magistrados designados para juzgarle

EFE | Madrid

La Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) se reúne mañana para resolver las recusaciones planteadas por Baltasar Garzón contra seis de los siete magistrados designados para juzgarle por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre los principales imputados en el “caso Gürtel” y sus abogados.

Garzón quiere que el presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Soriano, José Manuel Maza y Manuel Marchena, que deben juzgarle el próximo 17 de enero, sean apartados de la vista oral, al considerar que están contaminados por haber participado en la instrucción y la resolución de recursos.

La Fiscalía, en el último escrito remitido al Supremo, volvió a respaldar la semana pasada las recusaciones de cinco de ellos, al considerar fundadas las sospechas de falta de imparcialidad de Garzón.

Por el contrario, en el caso de Marchena, el fiscal cree que no hay razones para apartarle, como reclama Garzón, por el hecho de que sea el instructor de otra de las querellas interpuestas contra el juez por el dinero que presuntamente recibió del Banco de Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

El propio Marchena ha rechazado su recusación en un escueto informe remitido al TS, en el que afirma que “no se considera afectado por la causa de abstención-recusación” invocada por el imputado.

Precisamente, el próximo miércoles Garzón debe declarar de nuevo ante Marchena en relación con los cobros que recibió en Nueva York, mientras el martes testificarán dos guardias civiles, autores de un informe sobre las cuentas bancarias y declaraciones tributarias del juez, y la funcionaria judicial que le acompañó a Estados Unidos.

Del resto de los magistrados que pretende excluir del juicio por las escuchas de Gürtel, solo uno -Perfecto Andrés Ibáñez- ha trasladado al Supremo su “aceptación” en un escrito en el que admite que a Garzón le asisten “buenas razones de derecho”.

Sin embargo, Saavedra, Sánchez Melgar, Soriano y Maza han negado en otro informe tener “interés directo” en juzgarle y consideran que no hay elementos que sustenten las sospechas de parcialidad invocadas por el juez, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010.

La Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), encargada de los incidentes de recusación, estudiará mañana los argumentos de unos y otros para adoptar una decisión antes de que el 17 de enero comience el juicio, que se fijó inicialmente para el 29 de noviembre pero tuvo que aplazarse para tramitar las recusaciones.

De dicha sala forman parte 16 magistrados -el presidente del Supremo y los de las cinco salas del tribunal, además de los más antiguos y más modernos de cada una-, aunque en esta ocasión solo serán 15, ya que queda excluido Saavedra por ser uno de los recusados.

En la deliberación, por tanto, participarán los cuatro presidentes restantes: Juan Antonio Xiol (Civil), Ángel Calderón (Militar), Gonzalo Moliner (Social) y José Manuel Sieira (Contencioso-Administrativo), que ha sido designado ponente, además del presidente del TS, Carlos Dívar.

Como magistrados más antiguos estarán Aurelio Desdentado, Mariano de Oro-Pulido, Jesús Corbal, Carlos Granados y José Luis Calvo, y los más modernos son Alberto Jorge Barreiro, Manuel Ramón Alarcón, Francisco Javier de Mendoza, Francisco Javier Arroyo y José María del Riego.

La causa por las escuchas de Gürtel se abrió tras la querella interpuesta por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados, que pide diez años de inhabilitación para Garzón por prevaricación y violación de las garantías constitucionales.

La defensa del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, solicita diecisiete años de inhabilitación y la Fiscalía la absolución.

Será el primer juicio que tenga que afrontar en enero Garzón, quien solo una semana después, el día 24, comenzará a ser juzgado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, hechos por los que las acusaciones piden para él hasta 20 años de inhabilitación.