Plan contra el paro y el desempleo – Por Abel Román Hamid*

El paro y el desempleo son el problema humanitario que causa mayor sufrimiento físico, emocional y mental a los vecinos y habitantes de Tenerife y Canarias. Paradójicamente, la principal causa es la burocracia administrativa del Gobierno y administraciones canarias, que es el mayor problema para avanzar contra la crisis. El sistema jurídico administrativo de Canarias es uno de los más complejos del mundo, según los técnicos expertos en este asunto. En 2012, se perdieron 1.000 millones de euros de inversión debido a esa causa. Esto supuso la pérdida para generar empleos directos e indirectos de 30.000 puestos de trabajo.

En Canarias hay frenados, a la fecha, en torno a unos 80.000 expedientes, en los ayuntamientos, para poner en marcha todo tipo de actividades, instalaciones y obras, que supondrían una inversión en torno a 9.000 millones, los cuales podrían generar una cantidad de puestos de trabajo de 270.000 empleos. Todas estas inversiones privadas están paralizadas por culpa del Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos, por la obstrucción, lentitud e ineficacia jurídico-administrativa de los burócratas gubernamentales y una legislación imposible de manejar. La solución a este problema puede lograrse en tres meses, si existiera voluntad política y objetivos claros. Con un equipo redactor de ocho especialistas y técnicos cualificados privados, ajenos a la administración, que simplifiquen y organicen los trámites burocráticos, con criterios de rapidez, seguridad jurídica y fomento del empleo. Una vez realizado se aprobaría en el Parlamento canario esta ley de simplificación administrativa. La rectificación de la Constitución se hizo en 15 días. El resultado de la gestión política para solucionar esta tragedia humanitaria es un absoluto fracaso.

La sociedad civil, harta de sufrir este doloroso trance, ha decidido tomar el toro por los cuernos y enfrentarse a esta catástrofe. Los políticos no saben, ni quieren, resolver este problema, y los que quieren no pueden. La unión de técnicos y expertos, con la sociedad civil y los políticos bienintencionados, juntos, puede resolver esta tragedia. ¿Cómo actúa la maraña administrativa y burocrática? Para obtener un permiso de obra y actividad y abrir un negocio del tipo que sea se puede tardar hasta cuatro años, con la agravante de no tener la certeza de llegar a la meta. Muchos se van quedando en el camino o abandonan en el intento. El coste de los permisos y cargas sobre las actividades privadas no son ciertos e iguales entre ayuntamientos y, a la fecha, todos ellos están al alza. No se pueden precisar y están al capricho de los políticos y burócratas. Se llega a la locura de tener que pasar por el visto bueno de más de 20 funcionarios distintos en tres administraciones diferentes. Los inversores ante este espectáculo se van. En Europa, América del norte y Asia los permisos son inmediatos y a posteriori los inspectores confirman que se han respetado las reglas objetivas. La sociedad civil quiere saber los nombres y apellidos de los partidos que están a favor de estas medidas y actuar en consecuencia, y de los que están en contra, para desahuciarlos de la política activa.

*COORDINADOR DE LA ALIANZA DE VECINOS DE TENERIFE