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Función Pública acepta una jornada de verano “flexible”

   

El consejero de Presidencia Francisco Hernández Spínola y el director general de Función Pública Aarón Afonso

El director general Aarón Afonso (a la izquierda), junto al consejero Francisco Hernández Spínola. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Al final, la representación sindical de la función pública y el Gobierno canario han sincronizado sus intereses. Los empleados de la Administración general de la Comunidad Autónoma seguirán disfrutando del horario de verano. Del acuerdo han sido excluidos los docentes, los estatutarios del Servicio Canario de la Salud (SCS), la Policía Autonómica y el personal de Justicia, que se rigen por sus normas específicas. Los agentes forestales y medioambientales de los parques nacionales, así como los vigilantes, deberán atenerse a las instrucciones de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Después de la reunión informativa del lunes, el director general de la Función Pública, Aarón Afonso, emitió una circular por la que se indica que, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2013, la jornada laboral será de 32 horas y 30 minutos semanales en los puestos “normales” y de 35 en los “especiales”. Para el resto del año es de 37 horas y 30 minutos a la semana, que equivalen a siete horas y media de lunes a viernes.

Durante el periodo estival, la parte fija del horaria se realizará entre las 9.00 y las 13.00 horas. Mientras, la flexible se distribuirá entre las 7.00 y las 9.00, y entre las 13.00 y las 16.00 horas. El escrito subraya que la adaptación horaria se recuperará “en los casos que sea necesario” para “cumplir la jornada establecida en la disposición adicional septuagésima primera de la ley 2/2012, de 29 de junio, en la forma que se determine por la Dirección General”. Todo ello será factible “siempre y cuando los servicios queden perfectamente cubiertos y se cumpla estrictamente la jornada y el horario de trabajo, en función de la mejor atención a los ciudadanos”.

En virtud a la legislación vigente, las vacaciones anuales retribuidas de los empleados públicos de la comunidad autónoma son de 22 días hábiles por año completo o de los que correspondan en proporción.

El 5 de junio, Aarón Afonso trasmitió a las organizaciones sindicales que, “a tenor de la normativa básica” nacional, no sería posible este año mantener la reducción de jornada en los meses de verano.

El director general dejó claro entonces que las horas de menos se tendrían que recuperar después de este trimestre, antes del 31 de diciembre. En disconformidad ese criterio, los sindicalistas instaron a la Administración regional a que buscara una solución satisfactoria.