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La mayor multa por impacto medioambiental en Tenerife

   

Los Zarzales

Imagen aérea de las obras de reposición en la zona de Los Zarzales, realizadas por el Cabildo. / DA

NORBERTO CHIJEB | Güímar

La empresa arenera Hermanos Morales Martín, SL deberá pagar antes de un mes una cantidad en torno a los 2,4 millones de euros para evitar un embargo. Si se considerara como multa, sería esta la de mayor cuantía impuesta en la Isla por un delito medioambiental.

Esa empresa, que muy posiblemente se “declarará insolvente” para no hacer frente al pago, como pronostica Jesús Morales, titular del Consejo de Insular de Aguas, es una de las areneras que desarrolló su actividad extractiva en el barranco de Badajoz hasta 2008. Una empresa que tres años antes ya fue multada con 60.100 euros por no contar con licencia de extracción y un año después, el 28 de noviembre de 2006, fue de nuevo sancionada con 120.000 euros por causar daños en el perfil hidráulico del barranco.

Esta sanción fue recurrida en varias instancias por Hermanos Morales Martín, pero fue desestimada finalmente en enero de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Pero no quedaba ahí la sanción económica, porque los trabajos de extracción de la citada empresa en la zona denominada de Los Zarzales, “causaba la rotura del perfil hidráulico de equilibrio como consecuencia del vaciado de un cubeto (hoyo) de grandes dimensiones, sin que la reposición por erosión natural tenga capacidad para reequilibrarlo mínimamente”, dice el informe sancionador. De tal guisa que las lluvias del 1 de noviembre de 2007 terminaron con un desmoronamiento de una de las paredes de la gran hoya generada por años continuados de extracciones. La inestabilidad de esa pared dio lugar a las escorrentías que hicieron desaparecer un cauce natural de 100 metros y la pista agrícola de Los Zarzales o de San Juan que cruza el barranco transversalmente.

El CIA tuvo que sufragar 2,3 millones de euros en una obra de emergencia para la estabilización estructural de ese tramo -terminaron en octubre de 2008- y hace unos meses el TSJC recogía que ese gasto deberá ser abonado por la empresa causante del daño. Un ejemplo de las tropelías que se han hecho socavando y socavando un barranco que hoy es una cadena de enormes hoyos.