La reforma de la Ley de Vivienda ‘se pierde’ en los pasillos del CES

El presidente del CES, Fernando Redondo, durante una entrevista con el jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Han transcurrido casi veinte días desde que el Gobierno de Canarias acordó enviar al Consejo Económico y Social (CES) el borrador del anteproyecto de la reforma de la Ley de Vivienda de 2003, promovida para impedir los desahucios a familias en situación de extrema gravedad.

Se ha rebasado con creces el plazo de 10 días fijado por el Ejecutivo para que el órgano consultivo emitiera, por la vía de urgencia, el correspondiente informe preceptivo no vinculante.

Para ayer había prevista otra reunión destinada a continuar con el proceso de elaboración del dictamen, pero se suspendió por falta de quórum. No era la primera vez que ocurría.

Entre las aportaciones entregadas por la representación de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario propone que se suspenda la adjudicación por sorteo de las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler hasta que mejore la situación económica de Canarias.

“Los profesionales del organismo competente en esta materia deben valorar la adjudicación en función de la necesidad y así evitar la exclusión social”, explica la secretaria de Intervención, Mujer y Medio Ambiente de la ejecutiva regional, Guadalupe Santana. “Un número importante de familias están marginadas del mercado de la vivienda formal por bajos ingresos, insuficiente oferta de terrenos adecuados, ausencia de crédito o escasa inversión en viviendas asequibles”, expone en declaraciones a DIARIO DE AVISOS. Entre 2008 y 2012, resalta, “más de 10.000 familias sufrieron un lanzamiento judicial de sus viviendas tanto en alquiler como en compra”. En su opinión, “no solo las personas que han perdido sus viviendas son las necesitadas de respuesta inmediata y que se haga efectivo el mandato constitucional donde se indica que son las administraciones las encargadas de hacer efectivo el acceso a una vivienda digna”.

Desde el punto de vista de Comisiones Obreras, “es incomprensible modificar una ley para expropiar a los bancos y no recuperar las de protección oficial que están deshabitadas, realquiladas y sus propietarios no abonan a la Administración las cantidades pactadas, es decir, no pagan la vivienda protegida y hacen negocio con ella o uso indebido”. Por ello, la central plantea un aumento de las partidas económicas para “fortalecer el fondo de vivienda y afrontar la expropiación de los pisos privados en poder de las entidades financieras y también a las viviendas de titularidad pública en régimen de compra venta y crédito hipotecario”. Paralelamente, insta a implementar los equipos profesionales con la finalidad de recuperar las viviendas desahuciadas de promoción pública y mediar con las entidades financieras para evitar desalojos.

Además, CC.OO. sugiere que las parejas de hecho se incorporen como núcleo familiar susceptible de solicitar vivienda pública protegida. Hasta ahora, el decreto de adjudicación únicamente permite la solicitud a las parejas que hayan contraído matrimonio o que se encuentren inscritas en el registro de la Comunidad Autónoma. “Esto está generando que se desconozca la situación real económica de los solicitantes”, argumenta.