El Gobierno reserva 28,85 millones para la extra de Navidad de 2012

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

A los empleados públicos de la Administración autonómica de Canarias les ha tocado la lotería de Navidad sin haberse celebrado el sorteo. El Gobierno regional reservará en el presupuesto del próximo año 28,8 millones de euros para cubrir la parte proporcional de la paga extra de 2012, en previsión de que los tribunales dictaminen a favor de las reclamaciones judiciales.
Esa provisión conlleva un ligero incremento en el capítulo de personal. Así se lo trasladó el lunes a los sindicatos el director general de Función Pública, Aarón Afonso, durante una reunión monográfica de la Mesa General de Empleados Públicos.

Con las sentencias emitidas hasta la fecha en otras comunidades autónomas, en la Consejería de Presidencia, que gestiona Francisco Hernández Spínola, le han visto las orejas al lobo. Esas resoluciones dan la razón a los empleados públicos al considerar que los recortes salariales no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Mientras, el Tribunal Constitucional está analizando la cuestión de inconstitucionalidad que la Audiencia Nacional planteó contra la suspensión de la paga de diciembre de 2012. La Sala de lo Social fundamenta sus dudas en una doctrina del Tribunal Supremo que establece que las gratificaciones extraordinarias son salario diferido que se devenga a diario, por lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no debería haber eliminado en julio la paga completa de Navidad con efectos retroactivos a todo el año. “En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional”, subrayan los magistrados en una providencia.

Según un cálculo hecho sobre la base de una nómina de 1.200 euros, los laborales recibirían una media de 500 euros. A los funcionarios y estatutarios (sanidad) les corresponden 250 euros.

No más ofertas

No tan buena, sino todo lo contrario, es la noticia de que en 2014 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso ni se incorporará más personal a la Administración, “salvo por razón de la ejecución de procesos selectivos de años anteriores”.

No se reconocerán ni abonarán o convocarán ayudas de acción social. Tampoco se otorgarán premios de jubilación o permanencia. Eso sí, el Fondo de Acción Social se hará cargo de los gastos derivados de las pólizas de seguro concertadas, que ampara los riesgos de fallecimiento o invalidez permanente.