Solo tres concejales del Valle se costean sus móviles para trabajar

Los concejales portuenses Lope Afonso (PP), Antonia Domínguez (PP) y Verónica Rodríguez (CC). | MOISÉS PÉREZ

LUIS F. FEBLES | Puerto de la Cruz

Los gastos en las distintas áreas de gobierno son, normalmente, vigilados con lupa para evitar derroches innecesarios. No obstante, el consumo de telefonía móvil por parte de los concejales suele ser un apartado desconocido para los contribuyentes, salvo excepciones.

En el Valle de La Orotava, las administraciones tienen visiones muy diferenciadas a la hora de ajustar el dispendio en esta materia. Así, solo tres concejales de los ayuntamientos de la comarca (Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos) han renunciado al teléfono móvil corporativo que adjudica el Consistorio para realizar llamadas, presumiblemente de trabajo. Se trata de los ediles de Concesiones Administrativas y Comercio, Lope Afonso (PP); Sanidad y Consumo, Antonia Domínguez (PP); y Cultura, Verónica Rodríguez (CC), todos con funciones de gobierno en el municipio de Puerto de la Cruz.

En suma, de los cerca de 35 concejales con responsabilidad política (alcaldes incluidos), únicamente estos representantes portuenses han optado por utilizar sus celulares personales y ahorrar así algunos euros a la Administración local. Los motivos de la renuncia se sustentan en la situación económica actual y se amparan en la decisión personal de hacer uso de sus móviles particulares, asumiendo de su bolsillo la cuota.

“Coherencia”

En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Lope Afonso asegura que desde que llegó al Ayuntamiento tomó la determinación de no disponer del teléfono corporativo “en coherencia con la austeridad que predico, dado que no quise cargar más a una institución que requiere de otros gastos más importantes”. En esta línea, deja claro que “hago lo mismo con dietas y traslados de trabajo, filosofía que llevaré a cabo en el ejercicio de la función pública; otros compañeros sé que también son austeros, pero fue un motivo personal”.

En relación a los límites y tarifas específicas de cada ayuntamiento, existen particularidades que llaman poderosamente la atención a cualquier ciudadano .

En el caso de Puerto de la Cruz cada responsable público tiene un límite mensual de saldo de 60 euros en su dispositivo corporativo.
En cambio, a la oposición en la ciudad turística no se le brinda esta oportunidad. Partido Socialista, Vecinos por el Puerto (VxP) e Izquierda Unida Canaria (IUC) no disponen de celular municipal ni tampoco se les ha sido ofrecido, a diferencia de otras localidades. A pocos kilómetros, Los Realejos disfruta de unas ventajas importantes. El grupo de gobierno del PP y los portavoces de la oposición, compuesta por Coalición Canaria (CC), PSOE e IUC, tienen contratada una tarifa sin un tope estipulado, aunque se establece un control en la facturación. Entre compañeros las llamadas son a coste cero, además de en las extensiones de las Casas Consistoriales y edificios públicos. También, descuentos especiales para otros dispositivos de telefonía.

En la Villa, la normativa sobre el uso de móviles en la Administración local es bastante clara y data del año 2009 cuando se procedió a su aprobación en el pleno. Por ejemplo, el del alcalde nacionalista, Francisco Linares, presenta un margen aproximado de 175 euros mensuales, además de las llamadas realizadas desde los respectivos despachos consistoriales.

En cambio, para los responsables públicos con dedicación exclusiva, la frontera la marcan 125 euros al mes, mientras que sin dedicación exclusiva, contando con los portavoces de la oposición, formada por el PSOE, Partido Popular e Iniciativa por La Orotava (IpO), se estipula un límite de 100 euros. En el caso de sobrepasar dicha cuota se descuenta de la nómina, según confirmaron a este periódico fuentes municipales.