La ULL suma 13 años sin Defensor de la Comunidad Universitaria

El Claustro de la ULL sigue sin consensuar el defensor universitario. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Previsto en los estatutos del centro aprobados en 2001 y clave en las políticas de convivencia impulsadas por el rector Eduardo Doménech -junto al Servicio de Inspección y el de Mediación-, el Defensor de la Comunidad Universitaria se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de la Universidad de La Laguna (ULL) en la última década. No en vano, y aunque todos coinciden en que se trata de una figura necesaria, el Claustro ha rechazado ya hasta en tres ocasiones la creación de esta figura, que entre otras debe garantizar la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la comunidad universitaria.

El último de estos desencuentros volvió a producirse ayer, cuando por 14 votos -esta propuesta requiere de mayoría absoluta para aprobarse- se desestimó la propuesta que esta vez llevaban dos de los grupos afines a Doménech, Liga del Profesorado y Renovación Convergente, que pretendían lograr el consenso necesario en torno a Fernando Rosa, exsecretario general de la ULL y presidente de la Comisión Electoral General.

El primero de los intentos para que el Claustro nombrase el cargo de defensor, hace un lustro, ni siquiera terminó en votación, dado el rechazo que el candidato del Rectorado suscitó entre algunos grupos; mientras, como ayer, la segunda vez que se llevó a la reunión no se recogieron los sufragios necesarios para que saliera adelante la creación de esta controvertida figura.

Junto a la propuesta de creación del Defensor de la Comunidad Universitaria, el Claustro también recibió el informe presupuestario elaborado por el gerente de la universidad, Justo Artiles, cuyo monto global se eleva a 136.080.431,88 euros. De ellos, el Gobierno de Canarias aporta cerca de 112 millones, cifra a lo que habría que sumar la propia previsión de ingresos del centro lagunero. El documento, adaptado a la nueva estructura de centros y departamentos de la ULL a partir de 2014, recoge el estado de ingresos y gastos de la institución académica para el próximo ejercicio. Así, en el caso del capítulo de ingresos, en tasas y otros ingresos, ha quedado valorado en 21.442.871,73 euros; transferencias corrientes, estimadas en 112.287.682 euros; ingresos patrimoniales, por 1.149.878; y activos financieros, valorados en 1.200.000 euros. En cuanto al estado de gastos, el capítulo de personal se lleva 112.543.589 euros; gastos en bienes corrientes y servicios, con 17.528.052; gastos financieros, por 72.867; transferencias corrientes, calculadas en 1.082.572; inversiones reales, por 3.449.168, y activos financieros, estimados en 1.200.000.

En la sesión también se debatieron varias propuestas de modificación de artículos del reglamento de régimen interior del Claustro, presentada por los grupos Programa, AMEC, PAS en Acción y EUPAS, relativas a un mayor control de la asistencia al órgano colegiado, con la posibilidad incluso de perder el acta de claustral tras una ausencia injustificada de tres faltas.

También se propuso que las propuestas de resolución se presenten al menos con 48 horas de antelación a la celebración del correspondiente pleno, enmienda que salió adelante; y un mayor control de la asistencia por parte de la secretaría del órgano colegiado, propuesta que no llegó a aprobarse finalmente. El texto hacía referencia a la constitución de la sesión, tanto en primera convocatoria como en segunda, al tiempo que abundaba en cuestiones relacionadas con el voto, para cuyo ejercicio se exigirá acreditación previa durante la sesión. Al objeto de evitar los rechazos de las propuestas que provengan de la oposición, estos grupos plantearon también la posibilidad de que en las propuestas de resolución no figure quiénes son sus proponentes, sino tan solo los enunciados y, además, que las urnas, en la medida de lo posible, estén ubicadas dentro del lugar donde se desarrolle la sesión.