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PP y PSC condicionan tocar la Constitución al consenso

   

aniversario Constitucion Las Palmas

Soria y Hernández Bento, durante el acto institucional por el Día de la Constitución en Las Palmas. / DA

AGENCIAS / V. P. | Las Palmas de G.C. / Santa Cruz

El ministro y presidente del PP canario, José Manuel Soria, ha afirmado que cualquier reforma actual de la Constitución Española debería tener el mismo consenso que hubo en 1978 durante su redacción, una condición, la del amplio acuerdo, que también defendió el vicepresidente del Gobierno regional y secretario general del PSOE canario, José Miguel Pérez, quien abogó por reforzar en la Carta Magna los derechos sociales y avanzar hacia un Estado federal.

Desde el Gobierno canario, el comisionado para el Autogobierno, Fernando Ríos (CC), insistió en que las mayorías necesarias para estas reformas las fija la propia Constitución, en la que, a su juicio, debe lograrse un mejor encaje de las especificidades canarias, pues “han sido diluidas por los gobiernos de turno y el propio Tribunal Constitucional”.

“La reforma debe tener, por lo menos, igual nivel de acuerdo mayoritario que en 1978. Es una Constitución que ya tiene 35 años y que ha demostrado ser un buen marco de convivencia”, dijo Soria tras presidir el acto conmemorativo del XXXV aniversario constitucional en Las Palmas de Gran Canaria.

Mientras, preguntado sobre si la Constitución debería incluir el blindaje del REF o las aguas territoriales, Soria recordó que ya hay un reconocimiento expreso en la Carta Magna a Canarias y apostó por desarrollarlo en toda su potencialidad. “Canarias tiene una singularidad dentro de España que no la tiene ninguna comunidad y tenemos, prácticamente desde la incorporación a la Corona de Castilla, un régimen fiscal diferenciado y esas especificidades se han ido recogiendo en nuestra historia y se incorporaron también a la Constitución a través de la disposición adicional III” , señaló el ministro, en declaraciones recogidas por Europa Press. Soria explicó que hay que tener en cuenta que el Archipiélago tiene una consideración singular en el tratado de la UE por su carácter ultraperiférico. “Lo que tenemos que hacer es explorar en las vías disponibles para que, dentro de ese reconocimiento constitucional, las singularidades de Canarias se apliquen a crecer y a fortalecer el desarrollo económico para que se cree empleo”, manifestó.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, indicó que “son 35 años de un texto formidable para su tiempo y que lleva incorporado su propia revisión. Ha llegado el momento para entender que con la Constitución transformó su propia sociedad y que hay que adaptarla a la realidad presente para tener mejores herramientas para afrontar este tiempo de mayor dificultad”.

Pérez enumeró tres grandes cambios que habría que hacer, uno sobre los derechos sociales, otro para hacer un estado federal más fuerte y, en tercer lugar, para cambiar elementos que hagan que la representación ciudadana llegue a las administraciones.

A diferencia de Soria, Ríos defendió blindar el REF en la Carta Magna, para que no lo puedan modificar las Cortes sin el ‘ok’ del Parlamento canario. “Soria no sabe de lo que habla al negar tal evidencia; los grandes partidos han distorsionado el modelo autonómico designando a magistrados afines para el TC, que se ha cargado los Estatutos autonómicos”, enfatizó el comisionado.

“Es un funeral, no un cumpleaños”

Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), afirmó que “este 6 de diciembre no es el cumpleaños, sino el funeral de la Constitución”, pues “la parte del acuerdo político que se plasmó en la Carta Magna, relativa a derechos sociales y al uso de la riqueza subordinado al interés general, ha sido unilateralmente derogada de facto por los poderes económicos y el bipartidismo. Por lo que toca llevar luto por la Constitución”. Trujillo señaló que “los condicionantes externos del enfrentamiento este-oeste de la época de la Transición ya no existen” por lo que lamentó que “ya no hay Constitución social, no es posible exigir la materialización de los derechos constitucionales a la vivienda y el empleo o que los recursos del país se destinen prioritariamente a satisfacer los derechos básicos de la ciudadanía”.