El coste por plaza de discapacitado en las Islas, congelado desde 2004

El colectivo de discapacitados es uno de los más afectados por los recortes en dependencia. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La cruda realidad puesta de manifiesto esta semana por el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, sobre los pacientes que a pesar de tener el alta continúan ocupando camas hospitalarias ha revelado los graves problemas que tienen los colectivos de grandes dependientes y discapacitados del Archipiélago. La situación, que ahora ha vuelto al epicentro informativo, no es nueva, como han venido denunciando en este periódico las entidades y ONG que trabajan y asisten a estas personas.

En el caso concreto de los discapacitados, uno de los grupos más afectados por los recortes en materia de dependencia, desde el año 2004 no se ha revisado el coste público por plaza en los centros concertados, lo que supone una reducción superior al 20% solo en lo que se refiere al incremento sobre el IPC anual. Esta circunstancia, unida a los continuos retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas, ha hecho que muchas organizaciones se vean obligadas a emplear fondos propios para mantener al personal y la atención a los usuarios, según manifestaron desde la Plataforma Tenerife Discapacidad.

Miembros de esta plataforma, que agrupa a más de una treintena de entidades de la provincia, se reunirán el próximo día 7 de febrero con los responsables de Asuntos Sociales del Cabildo insular, para concretar el presupuesto con el que contarán para el presente ejercicio. En este sentido, la consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo autonómico, Inés Rojas, explicó en su última comparecencia parlamentaria que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 confirma “la crónica de una muerte ya anunciada: la de la Ley de Atención a las personas en situación de Dependencia vía Presupuestos Generales del Estado”.

No en vano, según Rojas el presupuesto elaborado por el Partido Popular, en virtud del Real Decreto-ley 20/2012, “vuelve a recoger una reducción de las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y una minoración de las cuantías correspondientes al nivel mínimo de protección garantizado”. Según indicó la consejera, “esto supone una disminución de gasto con respecto a 2013 en un 48,6%, que obedece, fundamentalmente, a la drástica reducción en 2014 de la partida destinada a financiar cuotas de cuidadores no profesionales, que ascendía en 2013 a 1.034 millones de euros”. “Es decir, el Estado se ahorra un total de 1.034 millones de euros por cuidado en el entorno familiar que, sin embargo, no se traduce en un incremento de la dotación destinada al nivel mínimo garantizado, que no aumentará respecto al año 2013”, informó Inés Rojas.

La consejera, en cualquier caso, sigue siendo el blanco de las críticas de las asociaciones, que la culpan de buena parte de los problemas de los colectivos de discapacitados. No en vano, hace un año un millar de personas pertenecientes a la Plataforma Tenerife Discapacidad se manifestaron por las calles de la capital santacrucera para exigir su “dimisión” y un “marco financiero estable”. “El día a día de los centros es difícil, y nadie nos aclara el panorama”, arguyen desde la plataforma.