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Marrero: “El Gobierno de España aún no ha dicho ‘no’ a la consulta”

febrero 14, 2014 | Política,Portada actualidad
   

DIARIO DE AVISOS – DOMINGO NEGRÍN MORENO | Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias consideró este jueves que las manifestaciones del ministro José Manuel Soria en relación con la pretendida consulta popular sobre los sondeos de Repsol son “a título individual” y que aún no hay una decisión del Ejecutivo estatal.

“Se trata de si al Gobierno de España le parece bien o no que los canarios se pronuncien sobre una cuestión que les puede afectar a su futuro”, indicó ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero.

En alusión a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, comentó que lo que recogen sus palabras “es comprensión” con la petición canaria. Con la ley en la mano, enfatizó, “puede hacerse” la consulta, por lo que “solo queda saber si el PP quiere o no escuchar a los ciudadanos”.

El portavoz estimó que la fecha más adecuada para el referéndum sería el 25 de mayo, coincidiendo con las europeas, pero admitió que la ley de consultas populares establece que no se pueden celebrar 90 días antes o después de unas elecciones. “Bastaría con una muy simple modificación”, apostilló.

Por otra parte, ayer el Consell (Cabildo) de Mallorca aprobó por unanimidad (PP incluido) una declaración institucional contra las prospecciones petroleras y en la que reclama la paralización de los proyectos previstos en la costa de Baleares, de acuerdo con los informes emitidos por la Comisión Balear de Medio Ambiente, informó Europa Press. La finalidad de los sondeos, explotar gas y petróleo, “es contraria a la estructura productiva de las islas, sin ningún tipo de beneficio para sus habitantes y con el riesgo cierto de pérdida de los valores ambientales, sociales y económicos logrados”, apunta el texto consensuado por todos los partidos en la institución insular.

UPYD, EN CONTRA

Unión Progreso y Democracia (UPyD) se ha posicionado rotundamente en contra del referéndum sobre las prospecciones petrolíferas que ha anunciado Paulino Rivero. En primer lugar, UPyD entiende que este asunto resulta de “interés estratégico nacional”. Por lo tanto, esta consulta le parece tan ilegal como la soberanista Catalana. Como ha indicado la propia Rosa Díez, “esa competencia corresponde ejercerla al Estado”. Por otro lado, UPyD opina que lo que debería estar haciendo el presidente es luchar por que Canarias reciba compensaciones (vía tasas o canon de extracción por ser el soporte de esta actividad.

En este escenario, UPyD interpreta que tal repentino interés de Rivero en solicitar un referéndum es de una “impresionante cobardía política”, al delegar en la ciudadanía el deber de las instituciones de tomar decisiones. Cuando, además, “sabe de antemano que el Congreso no dará su apoyo”.

El coordinador territorial, José Luis García Morera, sugiere con ironía que también se convoque un referéndum sobre la reforma electoral.

El PP entra al trapo

La reacción del Partido Popular e incluso de algunos miembros del Gobierno central -Mariano Rajoy permanece a mitad de la escalera- es el primer efecto práctico de la solicitud de referéndum sobre los sondeos petrolíferos autorizados a la multinacional Repsol. A tres meses de las elecciones al Parlamento Europeo, que marcarán el inicio de la cuenta atrás para la designación de los candidatos de 2011, CC y PSOE han llevado al PP a su terreno. “Creo que ha cometido un error”, comenta José Adrián García Rojas, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de La Laguna. “Sus dirigentes se han precipitado. Yo dilataría el debate políticamente. Le quitaría fuego para no quemarme”. Jurídicamente existen dudas razonables. Sin embargo, García Rojas no lo ve como un impedimento. “Las prospecciones petrolíferas serían en aguas internacionales y es una materia cuya competencia corresponde a la Administración general del Estado”, reconoce este experto en declaraciones al DIARIO. Sin embargo, observa, esa discusión ha pasado a un segundo plano. “No nos engañemos, estamos en un país donde hay una cierta manga ancha con la interpretación de la legalidad. De hecho, sospechamos que en ocasiones se aprueban normas que rozan la constitucionalidad”.

Desde su punto de vista, el Ejecutivo canario “está en su derecho a pedir la consulta y el central a denegarla por los motivos que considere oportunos”. Pero José Adrián García Rojas no ve que esta sea una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos canarios. “Ya puestos, podría haber un referéndum sobre el funcionamiento de los servicios públicos. La reforma del Estatuto de Autonomía sí que me parece un asunto de suma importancia, porque somos de las pocas comunidades donde, por ejemplo, la modificación del texto básico no se somete a consulta popular”. En opinión de Rojas, la confluencia con el desafío soberanista catalán complica la explicación del eventual referéndum canario. “Si bien son cuestiones radicalmente diferentes, fuera de las Islas se tiende a relacionar esta iniciativa con el nacionalismo y se cae en comparaciones odiosas. Lo estamos comprobando en determinadas tertulias radiofónicas y televisivas”.

Tampoco supone un aliciente el nivel de participación electoral en el Archipiélago, de ahí que el Ejecutivo de Paulino Rivero plantee como fecha ideal el 25 de mayo, junto a la elección de los 54 representantes de España en el Parlamento Europeo.

Aparte de los referendos vinculantes para ratificar las reformas de la Constitución y de algunos estatutos, ha habido dos consultas populares desde 1978. En el referéndum sobre la OTAN, el 12 de marzo de 1986, de un censo de 1.003.385 electores, votaron 556.623 canarios. El 20 de febrero de 2004, la afluencia a las urnas para la fallida Constitución europea fue del 36,91%.