“El capricho de CC costará a la Corporación 4 millones de euros”

Manuel Barrios y José Fuentes denuncian la acumulación de sentencias contrarias al Ayuntamiento. / DA

JOSÉ L. CONDE | Arona

“El capricho de Coalición Canaria en Arona en la adjudicación del servicio municipal de mantenimiento de edificios públicos y vías, que acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, costará a la corporación más de cuatro millones de euros”, según manifestaron a este periódico los miembros del Centro de Arona (CAN), Manuel Barrios y José Fuentes. A esta sentencia, que es firme, se suman otras sobre contratación de servicios por el Ayuntamiento que también ha perdido la corporación sureña como han sido las de Chijafe, Camilo Álvarez o Aguaviva.

Como ya informó este periódico, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado el concurso por el cual la UTE Elsamex-Tinerfeña se hizo cargo del servicio de mantenimiento de edificios públicos y vías en el municipio por un importe de 13,8 millones de euros.

Otra de la empresas que se presentó al concurso, Construcciones Pepe de la Rosa Gutiérrez SL recurrió dicho acuerdo y ahora el fallo judicial ordena la retroacción del acto y una nueva valoración.

Manuel Barrios señala a este periódico que, aparte de la indemnización que hay que abonar a la empresa Pepe de la Rosa, se deben sumar también las cantidades correspondientes a daños y perjuicios, lucro cesante, patrimonio e indemnización al personal. Hay que recordar en este sentido, que se despidió a unas 25 personas, afirma el miembro del Centro de Arona.

Al final el Ayuntamiento tendrá que abonar unos ocho millones de euros en concepto de indemnizaciones tras perder en los tribunales sentencias promovidas por las empresas que prestan servicios municipales como son Chijafe, que se encargó del alumbrado público, Camilo Álvarez de la recogida de residuos sólidos y Aguaviva festival musical que reivindicaba el cuidado y respeto del medio ambiente.

Ante esta situación, Barrios y Fuentes lo tienen bien claro: “El alcalde, Francisco José Niño, debe destituir al concejal de Obras, Ramón García, o bien este debe poner su cargo a disposición del primer edil (sic)”.

CÓMPLICE DE LO COMETIDO

Barrios concreta que en caso de que el alcalde optara por no seguir este camino, debería dimitir también para no convertirse en cómplice de la incapacidad de Ramón García. Hay que recordar que, tras conocerse la sentencia, el concejal de Obras, Ramón García, argumentó que la citada adjudicación “se realizó de manera legal y objetiva por la parte que a la Administración Local le toca”, aunque otra cosa, matizó, “son los intereses que pueden tener cada empresa, recurriendo estas adjudicaciones, como así se ha hecho ante los tribunales y que cualquier ciudadano tiene derecho”, manifiesta el edil.

“Mi responsabilidad como concejal es actuar dentro de lo que nos exige la ley en las mesas de contratación, donde hay juristas, técnicos y demás personal. Desde mi posición, las cosas se hacen manera objetiva”, insistió a este periódico.