Otro informe sobre la corrupción – Por Jaime Rodríguez-Arana*

Estos días el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, del que España es miembro fundador, ha hecho público un informe en el que, de nuevo, se alerta sobre el crecimiento de la corrupción política en España. El GRECO lleva desde 2001 recordando a España que debe poner en marcha medidas contra la corrupción más integrales y trabajar más en el ámbito de la prevención. La verdad que este nuevo informe se suma a los muchos y variados que en este tiempo señalan a la corrupción, como un asunto que va minando, y de qué manera, la confianza en las instituciones y en sus representantes. Ahora, el GRECO señala con toda claridad que los casos de corrupción en nuestro país atentan gravemente contra la credibilidad de las instituciones. En concreto, este informe señala que es menester aprobar un código de conducta parlamentaria, que se mejore la independencia efectiva del Consejo General del Poder Judicial, que se establezcan criterios objetivos para la selección de los altos funcionarios judiciales y que, igualmente, se revise el método de designación del Fiscal General del Estado pues, dice el GRECO, es preocupante la percepción de la independencia de esta alta Autoridad del Estado. El informe que estamos brevemente glosando en el artículo de hoy, reconoce que los casos de corrupción de jueces y fiscales son mínimos, pero, sin embargo, afirma que España es escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos. En concreto, hemos pasado en 2008 de estar entre los 20 países con menos corrupción al puesto 30 en 2013, perdiendo 10 posiciones. En el ranking de Transparencia Internacional. Este informe, como los sondeos, encuestas y barómetros que se publican periódicamente, muestran, en los últimos tiempos, una tendencia preocupante y peligrosa. Una tendencia que debiera animar a los principales dirigentes públicos a propiciar reformas y medidas que aseguren la independencia de los juzgadores, auditores y controladores en la lucha contra la corrupción. Medidas que, por ejemplo, pasan por dotar de mayor objetividad a las formas de selección de los titulares de las actividades de control. Medidas que abrieran a la democracia interna los partidos políticos. Medidas que obligaran a los diputados a rendir cuentas a los electores, no a quienes digitalmente los colocan en posiciones de salida. La política, bien lo sabemos, es un reflejo de la realidad social. A veces, cuando nos quejamos del nivel moral de la llamada clase política hemos de ser conscientes de que en España también ha hecho acto de presencia, y con qué fuerza, el ansia de poder, de dinero y de notoriedad a todos los niveles. Por eso, no podemos escandalizarnos al conocer nuestra realidad en materia de corrupción. Cada vez va quedando más patente que vivimos en una sociedad en la que todo, casi todo, tienen un precio. Si todo se puede comprar, también la voluntad de quienes deciden. Y a veces por un puñado de euros. Si de verdad queremos volver a la normalidad, a una vida cívica exigente, es menester, además de proceder a las reformas legales que procedan, que ya se ve que no son pocas, apostar por una educación sólida, porque se enseñe el compromiso con el conocimiento y con la dignidad de la persona. Los derechos fundamentales de todos deben volver a ser el centro del orden jurídico, social y económico. A partir de la igualdad ontológica del ser humano y de la lucha por la libertad solidaria será más fácil sacudirse este pesado yugo de opresión y vileza desde el que se perpetran los mayores atentados a la persona que imaginar se pueda. La lucha contra la corrupción, a pesar de su dimensión estructural y objetiva, tiene una dimensión que se libra en el interior de cada ser humano. Sin esa decisión radical por volver a los valores humanos, por llamar a las cosas por su nombre, por dignificar la vida pública, por considerar que hay cuestiones indisponibles, innegociables, es complejo que la referencia ética vuelva a presidir la realidad. Esa me parece que, junto a los cambios normativas que precisamos, es la cuestión.

*CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO