El grupo popular pide la retirada del “paripé” de la ley de vivienda

El diputado popular Felipe Afonso. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO – V. PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular da un portazo al proyecto de modificación de la ley de vivienda de 2003, cuyo aspecto más polémico es la expropiación temporal a entidades jurídicas para evitar la expulsión de familias en situación de exclusión social y que tropieza con dudas de constitucionalidad por razones, básicamente, de carácter competencial.

Este jueves finalizaba el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad. Solo se debatirá la devolución propuesta por el PP. El grupo mixto intentará mejorar el texto a través de las correcciones parciales. El miércoles hubo una reunión interna de los diputados nacionalistas (CC-PNC-CCN). Se explicó el criterio de la memoria económica y el dictamen del Consejo Consultivo. Pese a las discrepancias, no parece que se vaya a paralizar su tramitación.

“No garantiza el derecho a la vivienda y aporta inseguridad jurídica en relación a la propiedad”, resumió en rueda de prensa el parlamentario Felipe Afonso. En su opinión, “solo sirve para ocultar la ineptitud” del Ejecutivo autonómico y su “incapacidad para solucionar un problema que afecta a miles de canarios”.

Afonso denunció que el presidente Paulino Rivero “busca una nueva excusa” para mantener en la Cámara legislativa un texto que “tiene todas las papeletas para terminar en el Tribunal Constitucional [al igual que ha ocurrido en Andalucía y Navarra] mientras él renuncia a adoptar medidas a favor de los 36.500 canarios, 10.000 más que el año pasado, que esperan por una vivienda protegida”. El portavoz del PP en esta materia se refería a “los informes negativos” que hacen tambalear los cimientos de la iniciativa. Al respecto, Felipe Afonso citó a la Abogacía del Estado, el Consejo Económico y Social, el Consultivo y a la Dirección General de Planificación y Presupuesto. Este departamento de la Consejería de Economía y Hacienda ha dejado escrito que no hay dinero a medio plazo (2014-2016) para ejecutar las expropiaciones. “La falta de financiación aumentaría la burocracia y podría generar un agujero de 20 millones de euros”, argumentó Afonso.

El PP vincula este “paripé” a una “política fracasada”, motivo por el cual volvió a pedir la dimisión de la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas. “No necesitamos una nueva ley de vivienda, sino unos gobernantes que trabajen”, manifestó el representante de la oposición. “El marco nacional es suficiente”, apostilló.

En la justificación de la enmienda a la totalidad, el grupo popular expone: “De la Comunidad Autónoma es la competencia y la responsabilidad de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos residentes en nuestro Archipiélago a acceder a una vivienda”. Tal como interpreta el PP, “su consecución dependerá de la voluntad expresada en cada presupuesto anual conforme a una competencia que, además, se ejercerá de manera discrecional, no reglada”. Al margen de los “propagandísticos y fantasmagóricos anuncios”, se lee en una de las diez páginas, “entre las prioridades del Gobierno no está el problema de la vivienda, mucho más allá de una patada hacia adelante o bien despejar a córner”. Y, encima, subraya, “ni se hace caso así mismo”.

En la iniciativa del PP se pone de relieve que el documento que se somete a debate es “prácticamente un calco” del decreto de la Junta de Andalucía y de la posterior ley de la Función Social de la Vivienda”, suspendidos cautelarmente por la máxima instancia judicial de España en lo que atañen a los artículos sobre la expropiación y las sanciones por poseer viviendas vacías.

PROTESTA DE LA PAH

Las explicaciones de Felipe Afonso estaban amenizadas por la serenata de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante las puertas del Parlamento. Un grupo encabezado por Inma Évora intentó entrar, pero no fue posible. Y allí permanecieron con su sonora protesta. Ataviados con camisetas reivindicativas, los activistas profirieron consignas alusivas a la supuesta connivencia del PP con los bancos.

En la víspera, una delegación de este colectivo se reunió dentro con Román Rodríguez (Nueva Canarias), que en una posterior comparecencia informativa acusó a “un sector” de CC de “pretender tramitar la ley antidesahucios sin dinero para frenar su puesta en marcha”.