El estado de derecho en Venezuela – Por Jaime Rodríguez-Arana*

Venezuela acapara estos días la información de buena parte de los medios de comunicación del mundo entero. No es para menos pues el nivel de contestación social a las políticas del actual gobierno es, cada día que pasa, más elevado. No se trata ya de la labor articulada de la oposición organizada al gobierno de Maduro. Se trata de un clamor social más allá de los partidos políticos, que protesta ante la ausencia de libertades en el país y ante las graves dificultades existentes para que muchos millones de venezolanos puedan vivir en condiciones de dignidad humana. En este contexto, resulta clarificador recordar justamente ahora un informe de 2010 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de la democracia en Venezuela, todavía en tiempos de Hugo Chávez. En realidad, el mencionado informe no hacía más que constatar algunos de los principales atentados a los derechos humanos perpetrados a diario en la Venezuela chavista que ahora se han recrudecido. Según el documento de la Comisión Interamericana, Venezuela adolecía ya entonces de ausencia de independencia de los poderes del Estado, existían restricciones injustificadas a los derechos políticos de los venezolanos, represión estatal, en formas diversas, para intimidar a los opositores políticos, se atacaba a los periodistas no alineados y se registraban no pocos atentados a la libertad de prensa. Es decir, en Venezuela se desconocía ya en tiempos de Chávez, según la OEA, el principio de la separación de los poderes y se erosionaban gravemente los derechos humanos. Otra cuestión que planteaba el informe de la OEA era la sujeción del poder judicial al poder político. Desaparecieron, ya por entonces, las oposiciones a jueces y fiscales, que eran, y siguen siendo, nombrados de entre las personas afectas al régimen político. Se incrementó, dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la tendencia a prohibir, castigar, intimidar y agredir a quienes se atrevieran a expresar su oposición o descontento con el gobierno chavista. Según el informe, entre 2005 y 2010, más de 2200 personas habían sido procesadas por participar en manifestaciones. Las nuevas “leyes” de Chavez en materia de medios de comunicación, según la OEA, eran incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. El informe denunciaba también el asesinato de periodistas. Finalmente, el informe de la OEA hacía referencia a la existencia de grupos paramilitares creados a imagen y semejanza del modelo cubano, que junto a las fuerzas de seguridad del régimen realizaron, y todavía realizan, esperemos que por poco tiempo, tareas de policía y control ciudadano. La corrupción del sistema político venezolano condujo a la emergencia de Hugo Chávez y, tras su fallecimiento, a Maduro, fiel seguidor de un sistema autoritario que está siendo severamente cuestionado en las calles de pueblos y ciudades. El pueblo, estos días, está en las ruas reclamando libertad y condiciones de vida dignas. Mientras, quienes se han beneficiado estos años del régimen acusan a quien critique el sistema de aliado del fascismo mundial, de cómplice de un golpe de Estado, de seguidor a pies juntillas del imperio americano.
La realidad, sin embargo, muestra que la juventud ha asumido su papel en las protestas y está dispuesta a rebelarse contra lo que considera una tiranía. Días atrás en San Cristóbal del Táchira, el pueblo llano, compuesto por jóvenes, madres de familia, abuelos, personas lisiadas, salió en tromba reclamado libertad y nuevas políticas. La policía y el ejército, que estaban presentes, no pudieron o no quisieron reprimir la manifestación. Si el ejército y las fuerzas de orden público cumplen con su tarea de valedores de los derechos fundamentales de la persona, la transición a la democracia en Venezuela, será una venturosa realidad. Si, por el contrario, los fundamentalistas se deciden a defender con uñas y dientes sus privilegios, todo puede pasar. Todo.

*CATEDRÁTICO DE DERECHO
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