El poder judicial en Venezuela – Por Jaime Rodríguez Arana

El departamento de Estado de los EE.UU., el imperio del mal para el chavismo y para quienes siguen las consignas del oficialismo a pies juntillas en Venezuela, recordaba el mes pasado algo bien sabido y bien experimentado por tantos miles y miles de venezolanos: los principales abusos perpetrados en el país contra los derechos humanos están relacionados con la corrupción, la politización de la justicia y las restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Según este informe de los EE.UU., la actual normativa y regulación genera un clima de miedo y autocensura que lesiona gravemente la democracia en el país. No se respeta la independencia judicial ni se permite que los jueces actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico al ser sometidos a represalias y vejaciones de no seguir los dictados del oficialismo. En 2010, conviene ahora recordarlo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaba, todavía en tiempos de Chávez, sobre lo que ahora es una evidencia clamorosa.

El informe de la OEA reflejaba dos años atrás la sujeción del poder judicial al poder político. Desaparecieron, ya por entonces, las oposiciones a jueces y fiscales, que eran, y siguen siendo, nombrados de entre las personas afectas al régimen político. Sin un Poder Judicial independiente ni hay democracia ni Estado de Derecho, que son dos caras de la misma moneda. Ahora, en abril de 2014, la ONG Human Rights Watch constata las anomalías en la impartición de justicia por parte de jueces y magistrados en el país hermano. A juicio del director para América de esta ONG, en Venezuela el Tribunal Supremo se ha convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo y constituye uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia del poder judicial en la región. La reforma de 2004 ha conducido, según el responsable de la ONG, a una justicia partidaria que legitima los abusos y arbitrariedades y que consiente las constantes detenciones de opositores. El colmo de la situación lo encontramos en el discurso del magistrado del Tribunal Supremo Fernando Vegas, en la apertura del año judicial de 2011, cuando afirmó sin tapujos que “el Poder Judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para una eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la política del Estado que adelanta en Gobierno nacional..”. Sin comentarios.
*CATEDRÁTICO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO