El equipo de Spínola dice que el borrador era una “copia”

Francisco Hernández Spínola. | F.P.

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

En la Consejería de Presidencia admiten que tiraron a la papelera de reciclaje el primer borrador del reglamento de desarrollo de la Ley de Participación Ciudadana, de 2010, sin el cual no se puede consultar a la ciudadanía sobre cuestiones de interés general. Pero fuentes del departamento de Francisco Hernández Spínola alegan que ese documento era en realidad una “copia” del reglamento que ya existía en la Comunidad Valenciana, que fue la primera Administración autonómica en elaborar una normativa de fomento de la participación ciudadana. Tras la destitución de Pedro Ramos, en julio de 2012, explica la consejería, el nuevo director general, Teófilo González, “tuvo acceso a un borrador de reglamento de Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Canarias fechado en noviembre de 2011”.

Al analizar el texto, “fechado en noviembre de 2011”, el sustituto de Ramos “lo contrasta con otras normas ya vigentes en el territorio español”. Al hacer la comparación con el único reglamento autonómico vigente en 2012, añade el entorno de Spínola, “se percata de que es un plagio íntegro”. Ante esta circunstancia, arguyen, “propuso desechar el texto copiado, lo que fue aceptado por el consejero”.

Conforme a esa versión, “se inició la redacción de un reglamento más ajustado a los preceptos de la ley canaria, que ha ido avanzando en paralelo a la redacción de la Ley de Transparencia y al diseño del portal”.

Actualmente, señalan desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, “el texto de este reglamento hecho en Canarias por el personal de la dirección general ya está en fase de borrador de articulado y en las próximas semanas comenzarán los trámites administrativos que requiere para su aprobación, entre ellos, el de información pública”. Las tres actuaciones “están muy avanzadas”, remachan.

Desde el equipo que intervino en la preparación del aquel borrador puntualizan que se tomó como “referencia” el de la Comunidad Valenciana para su “adaptación” al ámbito de Canarias a modo de arranque del recorrido de participación ciudadana que marca la propia normativa. Así se explicita en esos papeles.
El plan de la consejería era hacer el primer reglamento de una ley en toda España por la vía de la participación ciudadana. Eso llevará un mínimo de seis meses de trabajos, porque, además de los organismos de la Administración de la Comunidad Autónoma, se asumió el compromiso de consultar con los ayuntamientos y los cabildos, corporaciones a las que no obliga la mencionada ley.

En la documentación remitida a este periódico, la consejería adjunta el decreto correspondiente de la Comunidad Valenciana y, en otro archivo, veinte páginas con unas treinta anotaciones en rojo.

Uno de los artículos subrayados, el 42, se refiere a la sede electrónica o portal institucional en internet y de medios electrónicos en general. “Se habilitará un buzón específico, debidamente visible y claramente identificable, para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana ante la administración del Gobierno”. Deberá incluir “una sencilla, breve y clara explicación de su naturaleza, objeto, contenido básico y derechos de participación que se pueden ejercer, así como de las materias sobre las que pueda versar esta (…)”.

Con “idéntico contenido y finalidad”, este instrumento se utilizó precisamente para canalizar las sugerencias relativas a la Ley de Transparencia. “Las diferentes páginas web de la presidencia y de las consejerías integradas en aquella sede o portal podrán también disponer de buzones electrónicos de participación ciudadana referidos al ámbito material concreto de su competencia”.

Después de tanta espera, el tiempo corre ahora en contra del Gobierno canario.