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El Parlamento aprobará una Ley de Vivienda de dudosa resistencia

junio 4, 2014 | Actualidad,Política
   

DOMINGO NEGRÍN RAMOS | Santa Cruz de Tenerife

Si los arquitectos no enderezan el proyecto, el Parlamento de Canarias aprobará la reforma de la Ley de Vivienda de 2003 con los aspectos de las normas de Andalucía y Navarra recurridos por el Gobierno de la nación y suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

La comisión avaló ayer el dictamen de la ponencia, por lo que texto queda ahora a expensas del debate en el pleno. La estructura mantiene los pilares asentados por el Ejecutivo autonómico en su propósito de garantizar “el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un vivienda digna”, que, se lee en la exposición de motivos, “viene muy condicionado en la actualidad por las dificultades de tipo económico para hacerlo efectivo”.

A su juicio, “la solución a gran parte de los problemas pasa por la mejora de la situación económica general pero también por promover las condiciones que hagan viable el acceso a la vivienda en régimen de alquiler o propiedad”. Y, adicionalmente, por “evitar, en la medida de lo posible, que se desaloje a familias en situación de emergencia económica y social de viviendas, que pasan a quedar desocupadas”. Hasta aquí, todos los grupos están de acuerdo en lo esencial. Sin embargo, la oposición duda de su efectividad. “Estamos haciendo una ley ilegal y nada exigible”, insistió el diputado del PP Felipe Afonso en declaraciones a este periódico. “No hemos conseguido que se arreglaran las ilegalidades que apuntan el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo y la Abogacía del Estado”, se lamentó. “Esto es un paripé para no asumir la responsabilidad exclusiva en materia de vivienda y hacer efectivo el derecho constitucional”.

Desde Nueva Canarias, Román Rodríguez admite que dos de los objetivos de la ley que comparte su partido -movilizar el parque de viviendas privadas de los bancos y las inmobiliarias a través de mecanismos coercitivos y la expropiación temporal- son “muy difíciles de ejecutar”. Además, augura un conflicto.

Reconocimiento explícito a la PAH

A modo de “reconocimiento explícito al trabajo de la PAH en la defensa de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y por procedimientos de desahucio en general, así como por su contribución en la búsqueda de soluciones jurídicas en la configuración del interés social de la vivienda”, el proyecto de ley incorpora un apartado que establece que, en la primera reunión de la Comisión de Vivienda, la consejera Inés Rojas “designará como uno de los representantes de los agentes sociales que desarrollen actividades vinculadas con la vivienda o con la protección de los derechos de las personas afectadas por una ejecución hipotecaria”.
Ese órgano estará formado por un máximo de catorce miembros en nombre de las administraciones públicas canarias, de los promotores y constructores de viviendas, de los dos sindicatos mayoritarios y de colectivos sociales. Lo presidirá la persona que ejerza ene se momento la dirección del Instituto.
En cuanto al régimen sancionador, la inspección estará sujeta a un plan de una vigencia de tres años prorrogable por una anualidad.