El PP aprueba en solitario el blindaje de don Juan Carlos

Don Juan Carlos, el día que anunció su abdicación. / CASA REAL

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular se ha quedado solo en la Comisión de Justicia del Congreso al aprobar el aforamiento de don Juan Carlos y de parte de la Familia Real durante una votación en la que el PSOE y CiU se han abstenido y el resto de grupos han dicho ‘no’ a lo que han considerado un “blindaje”.

El PP ha introducido vía enmienda la protección jurídica de los Reyes salientes, Juan Carlos y Sofía, de la Reina Letizia y de la Princesa de Asturias doña Leonor y su futuro cónyuge en una ley sobre funcionarios judiciales, que regula sus días de asuntos propios, pruebas selectivas y jubilación.

Se trata de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, complementaria a la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que tramitaba desde hace tiempo la Cámara Baja y es la norma que regula los aforamientos en España.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente dicha ley este mismo jueves, para su remisión al Senado, que daría luz verde en pocos días para su inmediata remisión al Boletín Oficial del Estado. Se cumpliría así el pronóstico que hizo ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Gdansk (Polonia), donde dijo que esperaba que el aforamiento estuviera resuelto en “quince días”.

En concreto, las enmiendas registradas por el PP establecen que pasarán a considerarse aforados los Reyes que abdican (ahora don Juan Carlos), sus consortes (doña Sofía), los consortes del Rey (la Reina Letizia) y los Príncipes de Asturias (de momento Doña Leonor y su futuro cónyuge).

Además, a través de una segunda enmienda se incluirá una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados ‘reales’ cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.

Al mismo tiempo, el PP ha rechazado una enmienda de UPyD para suprimir de golpe todos los aforamientos, salvo los recogidos en la Constitución (Gobierno y parlamentarios), propuesta que contó con el apoyo de la Izquierda Plural y la abstención del PSOE y nacionalistas.