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Los expertos ven “discriminatorio” el sistema electoral por sus barreras

   

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Un estudio encargado por el grupo parlamentario de CC-PNC-CCN a las universidades públicas canarias concluye que el sistema electoral del Archipiélago “no cabe duda que actúa de forma discriminatoria” con los partidos de ámbito insular, pues, para obtener un diputado, tienen que lograr al menos el 30% de los votos o ser la fuerza más votada en una isla; o bien lograr el 6% a escala regional. De ahí que los autores de este trabajo vean “inevitable” que se aplique una “bajada importante” de ambos porcentajes.

Así lo sostienen en este voluminoso informe, Canarias 20. Tendencias económicas y sociales, elaborado por una decena de profesores universitarios, con la coordinación del catedrático de Economía Urbano Medina, si bien, y de forma cuanto menos paradójica, en otra parte del documento recomiendan a CC que no apoye sino bajar “ligeramente” estas barreras electorales, porque cualquier otra modificación perjudicaría sus intereses como partido.

El estudio refleja además las respuesta de otros 90 expertos consultados, de lo que 40 son docentes de las universidades de La Laguna y de las Palmas, y el resto empresarios, directivos de empresas, profesionales y trabajadores cualificados.

En el apartado dedicado al Estatuto de Autonomía, señalan que la reforma del régimen electoral constituye un “espinoso tema” y observan que “no es suficientemente conocido por la ciudadanía canaria, lo que hace que un cierto apasionamiento termine nublando las opiniones” al respecto.

Apuntan además que la barrera del 30% de votos “ha estimulado la convergencia de coaliciones, a veces extrañas” y empuja a las organizaciones políticas insulares a aliarse “casi de forma obligatoria” con un partido implantado en una de las dos islas capitalinas y de mayor población, para intentar superar el 6% regional con el que entrar en el reparto de escaños.

En cuanto a la actual distribución del número de diputados “en función de los equilibrios” territoriales, el informe pone de relieve una desproporción: el 15% de los electores de las islas no capitalinas eligen el mismo número de parlamentarios en total que el 85% del electorados de las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria. Además, el estudio recuerda que el régimen electoral no recoge el incremento de la población de Fuerteventura frente al estancamiento del censo de La Palma. Sobre una posible reducción del número de escaños, los autores del estudio la desaconsejan, “pues puede dificultar cualquier cálculo en una futura modificación” del régimen electoral y “convertirse en un arma eficaz de crítica a un intento de reforma del Estatuto de Autonomía”.

Este grupo de expertos contratados por el Grupo Nacionalista del Parlamento canario recomienda además a CC no apoyar la creación de una circunscripción regional junto a las actuales insulares porque eso supondría que los partidos de ámbito estatal obtendrían más escaños.