X
sociedad >

Los abogados canarios, en pie de guerra contra el Gobierno central

   
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso de los Diputados. / EFE

J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

Los abogados canarios han dicho “basta”. Las últimas medidas legislativas puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular (PP) sobre tasas, justicia gratuita y colegios profesionales han sido la gota que ha colmado el vaso para el colectivo de letrados del Archipiélago, que considera que dichas medidas “suponen de forma clara y patente un ataque frontal contra los derechos y libertades de la ciudadanía”. Por ello, el Pleno del Consejo Canario de Colegios de Abogados, en sesión ordinaria celebrada ayer, exigió la inmediata destitución de los ministros Alberto Ruiz Gallardón y Luis de Guindos, a los que culpan de poner en marcha una reforma que “supone un ataque frontal contra la ciudadanía”.

En un comunicado, el consejo manifestó que, “desde que llegaron a sus cargos de ministros, Gallardón y De Guindos han tramitado y aprobado paquetes legislativos relativos a la administración de justicia, que suponen de forma clara y patente, un ataque frontal contra los derechos y libertades de la ciudadanía”. Por ello, instan “encarecidamente” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que cese “de manera fulminante” a ambos, “acordando la paralización de los proyectos que asolan a la ciudadanía, en general, y a los abogados, en particular”.

El Consejo Canario de Abogados, que representa a los cuatro colegios existentes en la comunidad autónoma (Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Las Palmas y Santa Cruz de La Palma), ya expresó hace dos años su rechazo frontal a la ley que regula las nuevas tasas judiciales, llegando incluso a declarar persona non grata en sus instalaciones al propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

La explícita queja hecha pública ayer por la entidad colegial responde además a una campaña nacional de toda la Abogacía contra los referidos Gallardón y De Guindos. Incluso, según explicaron al DIARIO fuentes del consejo, hay una directriz del Consejo General de la Abogacía de asumir las mociones de este tipo presentadas por los distintos consejos autonómicos, al objeto de hacer un “frente común” que logre la paralización de los proyectos legislativos que ya están en marcha.

Desde el año 2012, las protestas de jueces y fiscales se han repetido por las principales sedes judiciales de toda España. Los profesionales aseguran que la situación actual de la justicia en nuestro país es “muy grave”, hasta el punto de que califican a Gallardón como “el peor ministro de la historia”. Consideran que “los recortes que el Ejecutivo popular ha realizado en la justicia, así como las reformas del Poder Judicial y la subida de las tasas, suponen un “grave atentado” contra derechos fundamentales de los ciudadanos.

Como ha venido publicando este periódico, el colectivo judicial del Archipiélago considera que la reforma que precisa la Justicia “requiere de la dotación de medios personales y materiales por las cargas de trabajo existentes, inasumibles con los medios y estructuras del siglo XIX” de los que disponen, y con sistemas informáticos sin conexiones, que califican de “tercermundistas”.

En la misma línea se manifiestan desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia para Todos, que exige una justicia “más accesible, transparente y responsable”. Y es que, según aseguran desde el Consejo Canario de Colegios de Abogados, los pleitos han disminuido un 40% desde la entrada en vigor de las nuevas tasas, lo que significa que “la gente no tiene dinero para denunciar”. Un porcentaje que afecta principalmente a los procedimientos de lo contencioso-administrativo y de lo civil. “Lo curioso de esto es que nos han puesto a los ciudadanos unas tasas y el Gobierno pleitea gratis”, manifestó el presidente del consejo canario, Carlos Enrique Viña, quien consideró que “no se ha cumplido el objetivo por el que se crearon las tasas, porque supuestamente se iban a destinar los ingresos a mejorar el turno de oficio, algo que no ha ocurrido hasta el momento”.