La capital estudia permutar suelo público por vivienda ya construida

El alcalde, José Manuel Bermúdez, confía en obtener nuevos acuerdos para viviendas vacías en la Santa Cruz. | SERGIO MÉNDEZ

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Los años de bonanza previos a la crisis económica dieron paso a una situación que millones de españoles ni siquiera contemplaban como una posibilidad de futuro, perder su hogar por no poder hacer frente a la hipoteca. Una realidad que se tornó dramática y que puso de manifiesto la incapacidad de las administraciones para hacer frente a algo que, a todas luces, necesitaba de ellas para frenar la sangría de gente sin casa y con una deuda casi de por vida. En medio de ese contexto, hace dos años ya, el Ayuntamiento de Santa Cruz, con su alcalde a la cabeza, José Manuel Bermúdez, se convirtió en el primero de España en aprobar un protocolo antidesahucio y también fue pionero al enfrentarse a un banco, Bankia, por el desahucio de una de sus vecinas, una entidad a la que declaró non grata, título que aún mantiene. Para el alcalde, ese fue el primer paso para la construcción de una nueva política de vivienda que, si legalmente es posible, pronto dará un nuevo paso en la atención a las personas con menos recursos. “Quiero constituir una comisión de estudio con habilitados nacionales del Ayuntamiento, incluso con la opinión de otras administraciones, para ver si es posible intercambiar suelo público edificable por vivienda ya construida”. Bermúdez detalla que, “el Ayuntamiento tiene un patrimonio público de suelo bastante importante, con parcelas en las que podríamos construir viviendas para las familias más necesitadas, pero, teniendo un stock tan amplio en la ciudad de casas vacías, sin alquilar o vender, no tiene sentido que nos pongamos ahora a construir”. Explica el alcalde que lo que ganaría el Ayuntamiento con esta operación sería “la ocupación inmediata de viviendas sin tener que empezar obras”.

A su vez, el promotor o dueño de las viviendas a intercambiar “gana la posibilidad de tener a futuro la oportunidad de negocio que ahora mismo no la tiene porque lo que posee es una carga con el pago de todos los impuestos que se derivan de la propiedad y no le saca rendimiento”.

En resumen, se trata de que el Ayuntamiento adquiera esos pisos y de que el propietario de los mismos obtenga suelo en el que pueda construir de cara al futuro, “cuando le interese, cuando la economía mejore y se quite las cargas que genera ese patrimonio”, añade Bermúdez, quien afirmo que “esto es algo inédito y por eso queremos estudiarlo bien, incluso con entidades como la Audiencia de Cuentas o con otras instituciones que nos puedan orientar”. El Ayuntamiento dispone de 19 parcelas susceptibles de someterse a este intercambio. Para poner en práctica esta iniciativa se hace necesario conocer el número de viviendas que en la ciudad son susceptibles de ser intercambiadas por suelo público, “lo primero será reunir a los promotores, tanto bancos como particulares, para ver si somos capaces de explorar el mercado al que tendríamos acceso”. Explica Bermúdez que “puede haber edificios terminados o que estén a punto de terminarse y que el promotor prefiera intercambiar antes que hacer frente a las cargas que de él se derivan y que no puede vender”.

Familias sin recursos
Si el Ayuntamiento lograra poner en práctica esta fórmula, los pisos irían destinados a familias necesitadas, evaluadas a través de los servicios sociales, no se haría por sorteo como pasa con las adjudicaciones del Gobierno de Canarias, “no soy muy partidario de los sorteos, aunque sé que hay una sentencia que obliga al gobierno a hacerlo de esa forma, pero yo prefiero una valoración y que las personas que ocupen las viviendas sean las que más necesidades tienen”.

Política de vivienda
“Hemos sido pioneros en tener un protocolo antidesahucios”, recuerda el alcalde, “uno en el que yo he participado en muchísimas ocasiones, dirigiéndome tanto al juez como a la entidad financiera que desahucia o en algún caso incluso al Gobierno regional, a través de Visocan”. Afirma Bermúdez que “hemos parado, frenado desahucios en Santa Cruz y de hecho, creo que no se están produciendo desahucios a personas sin recursos”.

En esa política de vivienda que defiende Bermúdez, tienen un protagonismo especial las ayudas de alquiler, que han pasado de las 384 concedidas en 2011 a las 758 en lo que va de año, “prácticamente las hemos duplicado y es un apoyo que ofrecemos a todo el mundo, a las personas con problemas económicos, a los ocupas y a los que viven en el Pancho Camurria o en el Viera y Clavijo”. Defiende el alcalde que, “esta es una salida buena que usan muchas familias, renovable año a año, y que se mantiene mientras haya precariedad por parte de las familias”.

Prioridades
En la otra cara de la moneda, destaca Bermúdez, está el programa estatal de reposición y rehabilitación de viviendas con el que “no podemos estar contentos”. Aunque hay cosas que se han terminado, reconoce el alcalde, “lo cierto es que nos quedan muchas cosas por hacer”. “Lo primero -continúa- es que para el Ayuntamiento todos los bloques y barriadas incluidas en el convenio firmado en el antiguo plan, son igual de prioritarios, el Gobierno de Canarias no nos puede pedir que prioricemos porque haya habido un recorte del Estado, nosotros vamos a mantener la financiación”. Afirma el alcalde que “si el Estado recorta el 5% nosotros lo ponemos pero no me pidan que quiten beneficiarios porque esas personas llevan mucho años esperando”.

José Manuel Bermúdez entiende que tanto el Gobierno regional como el central “deberían ser mucho más diligentes en la tramitación de los temas”, destacando que aún no hay orden ministerial para sustentar el nuevo convenio de vivienda.