CC se rearma en el Consistorio con la incorporación de cuatro ediles

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Sonia García fue la primera en jurar el cargo. / S.M.

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se rearmó ayer con la incorporación de los cuatro concejales que faltaban para cubrir el cupo conseguido en las últimas elecciones tras la renuncia de sus compañeros por “diferencias irreconciliables” con la alcaldesa, Sandra Rodríguez, de su misma formación política.

Diana Mora, Sonia García, Carmelo Pérez y Manuel González juraron ayer su cargo durante un Pleno extraordinario arropados por familiares, amigos y miembros de la Corporación. Los portavoces de los distintos grupos, Juan Carlos Marrero (CC), Sebastián Ledesma (PP), Guillermo Pérez Pastor (PSOE), Jaime Coello (VxP) y Jonás González (IUC) le desearon suerte en el desempeño de sus funciones y los animaron a trabajar por y para el municipio.

También lo hizo la alcaldesa, quien les advirtió que la tarea “no será fácil, porque tampoco lo ha sido hasta ahora”, pero les aseguró que la política es “un trabajo apasionante cuando se entiende como servicio al ciudadano”.

El Pleno tomó conocimiento del nuevo organigrama municipal, que no será definitivo, aclaró Rodríguez, debido a que su diseño fue previo a la llegada de los nuevos ediles. El definitivo se aprobará en la sesión ordinaria que tendrá lugar el lunes 24.

Además, en el Pleno de ayer se aprobó por la vía de urgencia y con el visto bueno de CC y PP y la abstención del PSOE, VxP e IUC la ampliación del plazo de pago en periodo voluntario de la tasa por ocupación de la vía pública, como consecuencia de la nueva ordenanza, que comienza el 21 de este mes y se prolonga hasta el 20 de septiembre de 2015. Tanto Pérez Pastor como Coello consideraron que la subida que contempla la nueva normativa, que supera en algunos casos el 80% de años anteriores, se podría “haber llevado de otra manera” y esperaron que en el futuro esta situación no se repita. Rodríguez aclaró que el aumento se debía a que se cobró por la ocupación efectiva y no por la autorizada, y remarcó que pese a la polémica surgida y a las quejas de los empresarios, solo se presentó una alegación.