Tres de las cinco familias de Cho Vito seguirán con alquiler social

Las familias desalojadas llegaron a dormir en el salón de plenos del Ayuntamiento. / F.P.

NORBERTO CHIJEB |  Candelaria

El 16 de noviembre de 2012 las palas mecánicas acabaron con las últimas ocho viviendas que estaban en pie en el poblado de Cho Vito, en Candelaria. Una sentencia favorable a la Dirección General de Costas, debido a que las casas invadían el dominio público y en aplicación de la Ley de Costas, terminó por cumplirse ante las desgarradoras lágrimas de los moradores del pequeño poblado, justo al lado de la central de Las Caletillas.

Cinco familias de las desalojadas decidieron trasladar partes de sus enseres al salón de Plenos del Ayuntamiento, mostrando así que habían acabado con su única residencia. Una residencia considerada ilegal pero que sin embargo hoy siguen recibiendo la factura del IBI.

Las familias pudieron demostrar que aquellas viviendas eran de primera ocupación y alcanzaron un acuerdo con distintas administraciones para recibir unas ayudas al alquiler y acceso a una vivienda social, según se acordó en la Subdelegación del Gobierno el 29 de octubre -antes de hacerse efectivo el derribo-, acuerdo que fue rubricado en el Ayuntamiento tal día como hoy de hace dos años, estando presente el alcalde, José Gumersindo García, el primer teniente de alcalde, Domingo Ramos y cinco vecinos afectados: Tomás González, Antonio Alonso, Joaquín Rodríguez, Antonio Luis y Raimundo Cabrera.

Ahora, cuando el día 30 de noviembre, finalizan las ayudas económicas, cinco vecinos denuncian que el Ayuntamiento les deja en la calle.

Olivia Pérez, desde la Concejalía de Servicios Sociales, afirma que ha cumplido íntegramente el acuerdo firmado. En primer lugar, ha sido la administración encargada de sufragar los dos años de alquiler, aportando 39.000 euros a través de Epelcan, mientras que el Gobierno de Canarias ha abonado 21.000 euros, estando pendiente los 6.000 del Cabildo.

Siguiendo con el detalle del acuerdo, la edil alega que en lo respecta a la preferencia para acceder a una vivienda social en régimen de alquiler que quedará libre en el municipio en estos dos años no han quedado libres y tampoco se han construido las previstas por parte del Gobierno de Canarias. Por otro lado, en lo que respecta a las viviendas de protección oficial que construye el Ayuntamiento para aquellas personas cuyos ingresos lo permita se les ha ofrecido a las dos familias que cumplían los requisitos y no las han aceptado.

En lo que respecta a la creación de las viviendas sociales en el solar incluido en la Unidad de Actuación UA-C03 -cerca de Cho Vito- se está a la espera de la financiación que se comprometieron a gestionar los vecinos, ya que este era un requisito indispensable para iniciar los trámites con otras administraciones.

“Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, Servicios Sociales, atendiendo a que el acuerdo de alquiler con las cinco familias de Cho Vito, finaliza el 30 noviembre, requirió hace un mes a los afectados para que presenten la documentación necesaria para realizar una valoración de cada una de ellas, algo solo han hecho tres familias. Después de que los técnicos han valorado la documentación, las tres familias cumplen con los requisitos que les permiten acceder a las ayudas, considerando, como no podía ser de otra manera, las mismas condiciones que el resto de vecinos del municipio. Y estamos buscándole una solución”, afirma Olivia Pérez.